La Comisión de Venecia pide estrechar el alcance temporal y la cobertura de la amnistía
El primer asalto de la batalla por la ley de amnistía en las instancias europeas llega a su fin. La Comisión de Venecia, un organismo consultivo y no ejecutivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional, ha aprobado esta mañana por consenso general el dictamen sobre la norma que este jueves obtuvo luz verde en el Congreso de los Diputados y ahora pasará al Senado. Las conclusiones a las que ha llegado esta vez no difieren demasiado de las que ya adelantaba el borrador que, sustancialmente, comparte los argumentos en los que se basa la ley y las bondades de este tipo de normas. Sin embargo, pide acotar de forma más estrecha su ámbito temporal y material de aplicación, critica el procedimiento de urgencia para su tramitación y demanda aumentar el consenso hasta alcanzar amplias “mayorías cualificadas”.
El órgano consultivo, como ya hizo en el borrador anterior, considera que las leyes de amnistía son útiles para la reconciliación, porque “la unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos” de estas medidas de gracia que se dan en la mayoría de los países. No entra su conveniencia ni avala o censura su utilización, fundamentalmente porque esa no es su misión. Sin embargo, como ya señaló en el borrador, y confirma aún más el hecho de que la ley se aprobase en el Congreso este jueves, subraya que “los procedimientos de urgencia no son (...) apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo comprometida de esas leyes”.
Uno de los ponentes de la Comisión, el holandés Martin Kuijer, explicó a la salida el espíritu de algunas de las recomendaciones específicas. Especialmente, la que pide aumentar los consensos para sacar adelante esta ley con una “mayoría cualificada”, como señala el texto definitivo del dictamen. “Somos conscientes de la naturaleza divisiva de este tema en España. La división ya estaba antes de la amnistía, pero la ley y hablar de ella ha aumentado esa división en la sociedad española. Y por eso pedimos a todas las partes en este proceso un dialogo constructivo y que busquen una mayoría apropiada, aunque sabemos que la ley orgánica en España no la necesita”.
El documento de la Comisión es un completo análisis del proceso político que ha conducido hasta esta ley. Ese conocimiento permitía a sus ponentes establecer ya en el borrador que los tiempos utilizados para tramitar la norma no han sido los adecuados. Por eso, pide que que “se estrechen y se definan de una manera más precisa los objetivos temporales y materiales de la aplicación de la ley”, así como “asegurar que exista una vinculo causal más estrecho entre los referendos del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias y los delitos de malversación”. Algo contraproducente, apunta el texto, tanto por cuestiones de procedimiento como por la división “profunda y virulenta” que la medida de gracia propuesta ha creado tanto entre la clase política como en otros estamentos de la sociedad española y que puede, alerta, hacer peligrar el objetivo mismo de la reconciliación social que busca la ley. Además, señala que “la amnistía no debe ser diseñada para cubrir a individuos específicos”.
En lo que respecta a los delitos de terrorismo, la recomendación es algo vaga y no permite establecer a quién da la razón. El texto se limita a señalar que “el principio que guíe la amnistía [en estos casos] será que sea solo compatible con los estándares internacionales si no violan seriamente los derechos humanos”.
El dictamen de la Comisión, tal y como explicó también su representante holandés, no considera que haya una vulneración en la separación de poderes del Estado. “El juez deber ser quien aplique los criterios generales de la ley en los casos específicos. Y si eso sucede, no vemos problema en la separación de poderes entre el dominio político y el judicial”, apuntó.
En la reunión de este viernes en la sede veneciana de este órgano consultivo han participado el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), y la socialista Isaura Leal, secretaria segunda del Congreso. Rollán y Leal comentaron a los medios a la salida de la reunión, en la que pudieron exponer su criterio, la impresión sobre el dictamen. Ambos, como sucedió con el borrador, se mostraron entusiasmados con el resultado y consideraron que la Comisión les había dado la razón. Mientras el Gobierno y el PSOE creen que el borrador avala una norma “impecable y positiva” y que “cumple con los estándares internacionales”, el PP considera que la Comisión cuestiona varios puntos como la tramitación de la ley a través de una proposición de ley, al tiempo que aboga por una reforma constitucional.
A mediados de diciembre, el pleno de este órgano dependiente del Consejo de Europa, institución compuesta por 46 Estados del continente, aceptó la petición del Senado español para que emitiera un informe dando su opinión sobre la proposición de ley que se tramita en las Cortes para amnistiar los delitos que se hubieran podido cometer durante el procés. Para ello, los cinco signatarios del informe dicen haber analizado la situación en los otros países miembros, en la mayoría de los cuales, señalan, la amnistía está “explícitamente” incluida en su Constitución y, en los casos en los que no está ya prevista, en más de una decena más de países “la consideran aceptable para ocasiones específicas”.
Los populares habían centrado sus expectativas contra la amnistía a nivel europeo mediante esta petición dirigida a la Comisión de Venecia. La iniciativa pretendía elevar así a las instituciones comunitarias el debate sobre la medida de gracia que se tramita en el Congreso español. La Comisión de Venecia aceptó en diciembre la petición del Senado, controlado por el PP, para analizar la ley.