El juez García-Castellón pide al Supremo que investigue por terrorismo a Puigdemont

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo al expresidente de la Generalitat y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas, en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. El magistrado ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda en la que señala que para el esclarecimiento de los hechos “es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados Puigdemont ―a quien sitúa “en el vértice más alto” de la organización― y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg”. Poco después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha abierto un expediente gubernativo a García Castellón por haber rechazado al recusación de un procesado sin corresponderle.

García-Castellón ha pedido recientemente amparo al Poder Judicial tras recibir críticas de miembros del Ejecutivo de España y de la Generalitat de Cataluña, precisamente por implicar a Puigdemont en un caso de terrorismo en plenas negociaciones del PSOE con Esquerra y Junts para aprobar una ley de amnistía a los encausados del procés.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha tomado la decisión de elevar la causa al Supremo tras solicitarla la Asociación Dignidad y Justicia (presidida por Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, e hijo de un asesinado por ETA), que entendía que la causa debe pasar al Supremo, al haber al menos dos aforados implicados, Puigdemont y Wagensberg, “en íntima conexión con otras personas no aforadas, siendo estas Oriol Soler Castanys, Javier Vendrell Segura, Marta Molina Álvarez, José Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaime Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas, Marta Rovira Vergés, José Luis Alay Rodríguez y Nicola Flavio Giulio Foglia”.

El escrito de Dignidad y Justicia, cuya petición en súplica final reproduce el juez en su integridad, incluidas las erratas, fue presentado el pasado 13 de noviembre, una semana después de que el juez citase como imputados a Puigdemont y Rovira. El magistrado decidió llamarlos a declarar como investigados tras recibir un amplio informe de la Guardia Civil que salpica al antiguo jefe del Govern, fugado en Bélgica desde 2017; y a la dirigente republicana, huida en Suiza desde 2018, a quien el instituto armado señala como una de las coordinadoras del grupo que supuestamente instigó las protestas que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019.

El juez, en su exposición razonada, escribe que Puigdemont forma “el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic” y asegura que “existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones” de dicho movimiento con motivo de las protestas contra la sentencia del juicio del procés, que conllevó el bloqueo del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019 —con un coste que, según el sumario, oscila entre los 1,79 y 2,19 millones de euros—; y el corte de la autopista AP-7 a la altura de La Jonquera. Un viajero francés murió de un infarto.