El presidente de Corea del Sur pide disculpas por su ley marcial antes de la moción de censura para destituirlo

El sábado a las 10.00 de la mañana (hora local en Seúl), el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, horas antes del comienzo en el Parlamento la votación de la moción de censura presentada por la oposición para destituirlo, salió a dar su primer discurso público tras la ley marcial que declaró el pasado martes por la noche.

Yoon se disculpó por un decreto que la oposición, tras votar por unanimidad su levantamiento, obligó al presidente a dar marcha atrás en su oscuro plan de secuestrar la democracia de su país. Yoon ha asegurado que no volverá a declarar ningún estado de emergencia después de que el viernes corrieran muchos rumores de que el líder podría hacerlo para salvarse de ser destituido.

"La declaración de la ley marcial nació de la desesperación como presidente. Pido disculpas sinceras al pueblo por la ansiedad y las molestias causadas a la gente", manifestó en su declaración. "No evadiremos la responsabilidad legal y política relacionada con la ley marcial. Dejo en manos del partido elaborar un plan para cómo la situación política, incluido mi mandato", sentenció.

Yoon se ha convertido en el tercer líder del país en enfrentar un proceso de impeachment en la Asamblea Nacional. El último caso, el de la ex presidenta Park Geun-hye, curiosamente ella terminó en prisión después de varias investigaciones de corrupción lideradas por el entonces fiscal Yoon.

La moción de censura presentada por la oposición se sostiene en que, la movilización de las fuerzas armadas y el intento de paralizar las funciones del Parlamento constituyen "actos de traición". Precisamente por traición e insurrección, delitos punibles con hasta pena de muerte, tanto la Policía como la Fiscalía surcoreana han iniciado una investigación contra el presidente.

Pero volvamos al impeachment que tendrá lugar este sábado: para salir adelante necesita la aprobación de dos tercios de los 300 diputados de un Parlamento controlado por la oposición, que todavía necesita el apoyo de al menos ocho legisladores del partido gobernante para que el presidente quede inmediatamente suspendido del ejercicio de sus poderes. Luego, el caso pasa al Tribunal Constitucional, que podría tardar más de 100 días en emitir un veredicto sobre si Yoon es finalmente destituido.

Esto es el proceso político. Porque en el penal está trabajando ahora un equipo de 120 investigadores dirigido por Park Se-hyun, jefe de la Oficina del Fiscal Superior de Seúl. Estos días, en los medios surcoreanos se han publicado muchos análisis de expertos legales manifestando que la decisión de Yoon de declarar la ley marcial carecía de base legal, ya que la Constitución sólo permite esta medida extrema durante situaciones de guerra (o similares, como una pandemia) que requieren respuestas de emergencia para asegurar estabilidad social.

La Constitución surcoreana protege al presidente con inmunidad de ser acusado de delitos penales, pero no lo hace en caso de que se trate de insurrección o traición. Durante las casi seis horas en las que Corea del Sur se convirtió en un régimen militar bajo la ley marcial, cientos de soldados fueron desplegados por orden del presidente en el Parlamento para evitar la entrada de los legisladores al hemiciclo y poder votar contra este decreto, que es lo que finalmente hicieron.

Otros 300 militares también rodearon la sede de la comisión electoral. Esto se debió a que, desde el Gobierno de Yoon, se intentó justificar la ley marcial por supuestas evidencias de "fraude electoral" en las elecciones legislativas celebradas en pasado mes de abril y en las que arrasó la oposición liderada por el Partido Democrático.

Durante el autogolpe de Estado de esta semana, se ha informado que el presidente Yoon facilitó a los mandos militares una lista de políticos a los que había que arrestar. Entre ellos se encontraba el líder de la oposición y el presidente de la Asamblea Nacional. Pero la sorpresa ha sido que en esa lista también salía el líder del propio partido gobernante, el ex fiscal Han Dong-hoon, quien el viernes pidió "suspender de inmediato al presidente".

En las últimas horas, Han ha pedido también una "renuncia anticipada". Una posición que deja bastantes puestas abiertas a que algunos diputados del conservador Partido de Poder Popular (PPP) voten este sábado contra su propio presidente.

Antes de que en el Parlamento vote por la destitución del presidente, la oposición ha dado un inesperado giro a la agenda programando primero una votación para investigar a la primera dama, la empresaria Kim Keon-hee, asediada también por varios escándalos que han influenciado en que los índices de popularidad de su marido se hayan desplomado este año.

Kim ya fue señalada anteriormente por supuestas manipulaciones de los precios de las acciones de Deutsch Motors, un concesionario de automóviles BMW. Estos meses ha sido acusada de inflar su curriculum y de plagiar su tesis doctoral. Aunque el caso más polémico en su contra se desató por culpa de un bolso de Dior de tres millones de wones (2.000 euros) que le entregó un pastor que la grabó aceptando el regalo. La ley de Corea del Sur deja claro que es ilegal que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban obsequios por valor de más de un millón de wones.

Los analistas surcoreanos opinan que el adelanto de la votación para investigar a Kim es una estrategia de la oposición para que asistan a la sesión en el Parlamento los diputados del PPP -para votar en contra-, y así no habrá una "ausencia masiva" cuando toque el punto importante del día: la moción de censura contra el presidente.