El apaleamiento en Nochevieja de un muñeco con la figura de Pedro Sánchez cerca de Ferraz no acarreará, de momento, consecuencias a los autores de los hechos. Así lo ha dictaminado este viernes el Juzgado de Instrucción Número 26, que considera que los actos, enmarcados dentro de las protestas ultras en las cercanías de la sede federal del PSOE que se venían celebrando desde principios de noviembre, no constituyen un delito de odio y están amparados por la libertad de expresión. El auto de la jueza considera que los manifestantes participaban en “un acto festivo”. Fuentes socialistas señalan que el partido, que denunció los actos, recurrirá la resolución judicial que sobresee y archiva la causa, informa José Marcos.
Los manifestantes ultras que desde principios de noviembre y muy desigual seguimiento se congregaban a diario en las proximidades de la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para protestar contra la ley de amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, optaron en Nochevieja por colgar de un semáforo una piñata que representaba a Sánchez y la apalearon por turnos, entre gritos de “hay que acabar sí con él”, “tomad justicia del pueblo, bolcheviques” o “rojo de mierda, cobra, que es lo que mereces”. El aporreo de la piñata se difundió profusamente a través de redes sociales y de canales de vídeo on line. Una vez destruida la piñata, según denunció el PSOE, los asistentes recogieron los restos del suelo mientras decían “son las entrañas de Sánchez” y gritaban “que lo lleven a Marruecos”.
La jueza, Concepción Jerez, ha valorado el atestado instruido por la brigada provincial de información en la que se recoge que el apaleamiento fue retransmitido por redes sociales y plataformas de YouTube y durante el cual, según las grabaciones, parte de los asistentes profirieron expresiones como “Uno, dos, tres, colgadlo de los pies”, “a por Sánchez”, “Pedro Sánchez hijo de puta”, “hay que quemar Ferraz” y “no es una sede, es un puticlub”. No obstante, la magistrada entiende que entiende que las expresiones proferidas contra Sánchez “no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno, ni al partido, y por tanto no deben ser perseguidas”. El fallo alude a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que “ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión y forman parte del juego democrático de crítica política”.
La magistrada considera que los hechos no constituyen infracción penal porque entiende que la figura apaleada, “el acto más violento realizado por los asistentes”, no “reproduce la imagen del Presidente del Gobierno”, sino a un “varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga”. Sin embargo, el auto se hace eco de que en su difusión se usaron expresiones como “patriotas fostian una piñata [de] Sánchez en la Nochevieja de calle Ferraz”.
Concepción Jerez enmarca el apaleamiento en “un ambiente festivo propio de ese día [Nochevieja] y probablemente después del consumo de bebidas alcohólicas” y apela a que “en alguna de las imágenes puede observarse a una mujer vestida de fiesta”. Abunda la magistrada asegurando que quienes emitieron los vídeos no se pueden relacionar con “una ideología en concreto”, y justifica así que no exista delito de odio: “Es importante resaltar que perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como lo es el poder ejecutivo”.
El auto exculpa también a quienes difundieron los vídeos, por que entiende que hacerlo “pudiera obedecer a la intención de reproducir las imágenes por su originalidad o por cualquier otro motivo”. Uno de los actos organizados para la Nochevieja en Ferraz fue un programa a través de YouTube en el que el DJ Isaac Parejo ejerció de presentador y se refirió a Pedro Sánchez, al que, dijo, “hay que odiar”: “Eso de que somos esparcidores de odio... ¡claro que hay que odiar a Pedro Sánchez!”. Y abundó en sus soflamas contra el presidente del Ejecutivo: “Lo que dijo Santiago Abascal [presidente de Vox, que acudió durante los primeros días a las protestas] está muy buen dicho: cualquier día el pueblo español querrá colgarlo de los pies”. En el programa colaboraron varios medios digitales, como Estado de Alarma, OkDiario, La Gaceta (órgano de comunicación de Vox), Infovlogger, Informa Radio y Periodista Digital.
La magistrada señala en su exposición que las expresiones emitidas durante el apaleamiento del muñeco “no deben ser perseguidas”. “Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido, o sus partidarios, pero no es delito”, detalla.
En su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, presentada el 5 de enero, el PSOE pidió a la Fiscalía que iniciase una investigación para dilucidar quién estuvo detrás de la protesta, que considera como el “colofón” de una campaña “con tintes violentos” para colocar a los socialistas “en la diana”. En su escrito de más de 50 páginas, la fuerza política señalaba directamente a Vox como el “nexo común” de todas las “acciones coordinadas” en los últimos meses de 2023 y enumeraba una batería de posibles delitos que encajarían, según su criterio, con el apaleamiento de la piñata con la imagen del presidente del Gobierno: amenazas, injurias, delito de odio, desórdenes públicos, manifestación ilícita o injurias graves contra el jefe del Ejecutivo. Además, vinculaban las manifestaciones —que llegaron alcanzaron los 8.000 participantes en la convocatoria del 9 de noviembre y en varias de las cuales se registraron actos violentos— a formaciones de ultraderecha como Revuelta, Noviembre Nacional, Plataforma 711 y Asoma. En el auto de este viernes, la jueza asegura que “se desconoce al ideología de los asistentes y si esta es común a los mismos. No se les vincula con ningún grupo” y “por ello difícilmente puede considerarse que con la conducta analizada expresen odio hacia otro grupo”. En las imágenes difundidas del apaleamiento se aprecian que hay manifestantes portando banderas preconstitucionales.
La Fiscalía General del Estado remitió la denuncia del PSOE a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que inició una investigación preprocesal en enero. Es decir, este órgano comenzó a hacer indagaciones para saber si existen indicios suficientes de delito —antes de decidir si debía presentar una querella en un juzgado o archivar el caso—. Durante estos trámites, el ministerio público averiguó el 22 de enero que ya se había enviado un atestado policial a los juzgados de Madrid, y que recayó por reparto en el de la magistrada Jerez, que abrió su propia causa. Por ello, la acusación pública cerró sus pesquisas.