La Unión Europea constata la falta de voluntad del Gobierno en la reforma electoral

«Con base a nuestras conversaciones, entendemos que los desafíos para implementar la reforma electoral de la UE en España parecen ser de carácter político más que jurídico», ha dicho Simon, a la cabeza de la delegación enviada por la Comisión para Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, tras dos días de reuniones con políticos, catedráticos, fundaciones, funcionarios y la Junta Electoral Central.

El eurodiputado alemán ha ofrecido una rueda de prensa este martes y en ella se lo ha visto especialmente molesto por el hecho de que los ministros, que alegaron razones de agenda, declinasen un encuentro con la delegación, que tenía representación de distintas sensibilidades ideológicas. Formaban parte de ella, además del propio Simon, Adrián Vázquez, Loránt Vincze y Ana Miguel Pedro (PPE), Juan Fernando López, Idoia Mendia y José Cepeda (S&D) y Juan Carlos Girauta (PfE).

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«La decisión de no transponer la ley electoral europea a la legislación española, a pesar del apoyo previo del Gobierno en el Consejo Europeo, plantea interrogantes», ha expresado Simon en inglés, quien ha instado a los partidos con representación en las Cortes Generales a buscar un acuerdo para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) e incorporar los cambios acordados en 2018, y suscritos por el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el seno de la Unión Europea.

El problema, y ahí se vislumbra el desafío «político» al que ha hecho alusión Simon, es que una de las cuestiones que plantea la reforma electoral europea es el establecimiento de un porcentaje mínimo de voto para obtener representación de entre el dos y el cinco por ciento en los países con circunscripción única en las elecciones europeas, como es el caso de España. Eso haría que las formaciones minoritarias, muchas de ellas aliadas del Gobierno de Sánchez, tuvieran serios problemas para alcanzar ese umbral.

Fuentes socialistas lo justifican defendiendo que en el caso de España, aplicar tal cual esa norma europea provocaría una disminución de la participación en los comicios comunitarios porque, de facto, dejaría sin opciones a los votantes nacionalistas. Desde el PSOE se propone una suerte de excepción para que aquellas formaciones que solo se presentan en un territorio —algo que en las europeas, donde hay circunscripción única, no sucede en realidad— puedan optar a representación si alcanzan un determinado porcentaje en sus regiones, obviando el mínimo nacional, que debería fijarse en entre un dos y un cinco por ciento de los votos en el conjunto del país. Eso habría dejado sin representación a ERC, Bildu, BNG, Sumar, Podemos, Junts y PNV, socios del PSOE, pero también a la plataforma Se Acabó La Fiesta (SALF) del antisistema Alvise Pérez, ahora investigado por financiación ilegal.

Simon ha reconocido que, al contrario de lo que sucede con las directivas europeas, de obligado cumplimiento, en este caso no existe ningún mecanismo legal para sancionar a España por incumplir la reforma electoral europea. No en vano, se trata de una norma que requiere de la aprobación de todos los Estados miembros. La Unión Europea no puede hacer nada para que España la aplique, aunque se hubiese comprometido a ello previamente en 2018, pocos días después de aterrizar Sánchez en la Moncloa.