El Govern balear del PP se opone a la reclamación judicial de unos padres que piden el 25% de castellano
La Abogacía de la Comunidad Autónoma balear, que depende del Gobierno del PP, se opone judicialmente a una demanda presentada por cuatro familias de un colegio público de Calvià que recurrieron a los tribunales de las Islas para reclamar que sus hijos puedan estudiar en castellano al menos el 25 por ciento del horario lectivo. Solicitando además que se imparta en castellano al menos una materia no lingüística troncal.
La demanda fue presentada el año pasado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que dio traslado al gobierno autonómico para que se pronunciara.
Según han informado este miércoles las entidades que reivindican la presencia del castellano en la educación pública balear y el fin de la inmersión en catalán, la Abogacía pública balear ha presentado un escrito en el que se opone a su reclamación. Una oposición que ya se produjo en la vía administrativa, previa a que el asunto desembocara en los juzgados.
Las entidades aglutinadas en torno al movimiento llamado 'Escuela de Todos', han informado hoy que el pasado 10 de abril el Govern se opuso a su demanda. Lo hizo mediante una contestación que, según su interpretación, conlleva que "las familias no tienen ningún derecho a recibir enseñanza también en castellano". La Abogacía pública balear defiende el proyecto lingüístico que aplica cada centro.
El escrito de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, al que ha tenido acceso EL MUNDO, revisa la normativa y avala el proyecto educativo del centro, destinado a compensar la "lengua minorizada" en su zona. En ese sentido, reafirma la autonomía del centro a aplicar su proyecto atendiendo a su "realidad sociolingüística".
Desde Escuela de Todos han arremetido contra el Govern por "oponerse a satisfacer el derecho a recibir en castellano como mínimo el 25 por ciento del horario lectivo y en al menos una materia lingüística no troncal".
Curso empezado
Aunque el Govern no ha reaccionado de forma oficial, fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario han señalado que actualmente se sigue trabajando en la implantación de un plan piloto para garantizar la libre elección de lengua para los padres. La medida se implantará a partir del curso que viene, ya que el Govern actual tomó posesión en julio de 2023, sin margen para implantar la libre elección en el curso que ahora está cerca de terminar.
En este contexto, señalan esas mismas fuentes, el desenlace de las demandas judiciales presentadas con anterioridad depende de la normativa que ya existía, heredada de los anteriores gobiernos liderados por el PSOE, que cambió la ley educativa (con la oposición del PP) para blindar la inmersión en lengua catalana. Con el curso empezado, indican esas fuentes, no es posible cambiar los planes lingüísticos de cada colegio.
A pesar de estos argumentos, "lo relevante", según la plataforma 'pro castellano', es que en la respuesta a su demanda, el gobierno autonómico del PP "copia sumisamente y al pie de la letra los argumentos del anterior Govern [del PSOE] ante demandas contenciosas que ahora mismo están activas".
Por ello se muestran críticos con la política del Govern de Prohens. "Después de haber logrado Prohens el triunfo electoral con la promesa, entre otras, de introducir el castellano como lengua vehicular, se despacha ahora con una defensa cerrada de la inmersión obligatoria", apostilla esta entidad, que reprocha a la actual jefa del Ejecutivo regional que su Govern cierre las puertas judiciales a su reclamación.
Escuela de Todos critica la "hipocresía" del PP balear, quien, a su juicio, "por una parte sigue el lema del PP nacional de bilingüismo amable y, a la hora de la verdad, se opone a que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza".