Madrid demanda al Estado ante el Tribunal Supremo por el plan hidrológico del Tajo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo regional ha demandado al Gobierno de la nación ante el Tribunal Supremo por el diseño del plan hidrológico del Tajo. Como avanzó EL PAÍS en marzo, la Administración regional considera que el decreto que regula el uso del agua de esa cuenca está diseñado en contra de los intereses de Madrid, por lo que lleva seis meses preparando esta ofensiva judicial. De esta manera, la Comunidad de Madrid se suma a la guerra del agua, un puso en el que llevan enzarzados desde hace años las regiones de Castilla-La Mancha ―donde se capta el agua―, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia ―donde se recibe, y que también han anunciado su recurso ante el Supremo―.
“La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites”, ha dicho Díaz Ayuso durante una intervención este lunes, en la que no ha aceptado preguntas de los periodistas. “Ahora pretende que esta región se rinda por sed”, ha acusado. “Ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones [de personas]”, ha añadido. “Ha diseñado un plan hidrográfico del Tajo para sitiar Madrid, que no se doblega ante sus atropellos”, ha continuado.
“El nuevo plan hidrológico cambia las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid que es el mayor de España, y uno de los mejores de mundo”, ha proseguido. Y ha rematado: “No hay nada peor que el pretender racionar el agua a siete millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva”.
El núcleo del conflicto está en el embalse de Valmayor que, con una capacidad de 124,4 hectómetros cúbicos de agua, es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid. De él dependen para beber 1,7 millones de madrileños, el 25% de la población, según el Gobierno regional. Y la nueva regulación condiciona a una autorización previa del Estado que el embalse pueda recibir agua del río Alberche, a través del trasvase San Juan-Valmayor.
El Gobierno de Ayuso prevé que el pulso legal puede llegar a durar cuatro años, según recoge el contrato de 35.000 euros que licitó para buscar un despacho que le defendiera en los tribunales. Ese acuerdo, que se puede consultar en el portal de contratación regional, describe al detalle los puntos de conflicto entre las dos administraciones.
Así, el Canal de Isabel II entiende que sus intereses se ven afectados en lo que se refiere al “mantenimiento del principio de supremacía del uso del agua para abastecimiento a poblaciones en todo momento y especialmente a situaciones de sequía o escasez”; el “establecimiento de una autorización previa a la realización de un trasvase entre embalses de diferentes sistemas de explotación de la Demarcación”; “de un régimen de caudales ecológicos en masas de agua”; la “imposibilidad de establecer caudales ecológicos al azud de Las Nieves y Pozo de los Ramos por carecer de capacidad de regulación”; o la “ausencia de justificación de los caudales generadores establecidos”; la “falta de definición de los parámetros y condiciones de calidad de los caudales ecológicos que se definan”.
La incorporación de Madrid a la guerra del agua profundiza el choque institucional entre el Gobierno regional y el nacional. Desde que Díaz Ayuso llegó al poder por primera vez, en agosto de 2019, el Ejecutivo madrileño ha acudido a los tribunales contra 12 decisiones del Estado de todo tipo: desde la gestión de la pandemia, hasta los currículos educativos, pasando por la política fiscal.
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