Israel aprueba ley que prohíbe trabajar en su territorio a la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos

Con un amplio y raro consenso, el Parlamento israelí (Knésset) ha aprobado una ley que prohíbe cualquier actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en su territorio. Bajo la denuncia de la participación de empleados de este organismo en el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del año pasado y pese a la fuerte oposición de Estados Unidos y otros países que intentaron evitarla, la Knésset aprobó la ley en segunda y tercera lectura con 92 votos a favor y 10 en contra en la Cámara en Jerusalén compuesta por 120 diputados.

Otra ley aprobada en la reanudación de la actividad parlamentaria anula las exenciones fiscales de UNRWA y veta cualquier contacto de las autoridades israelíes con la agencia. Ello incluye el departamento del ejército encargado de asuntos civiles en Cisjordania y Gaza. El organismo de la ONU considera las dos normas como un "precedente peligroso que se opone a la Carta de las Naciones Unidas y viola las obligaciones del Estado de Israel en virtud del derecho internacional".

"UNRWA no operará ninguna representación, no proporcionará ningún servicio y no realizará ninguna actividad, directa o indirectamente, en el territorio soberano del Estado de Israel", reza el texto de la norma. "Terroristas de UNRWA, su historia aquí termina: los enemigos no tienen derecho a estar en Israel", reaccionó el diputado del Likud, Boaz Bismuth, tras ver como su ley era aprobada pese a la intensa presión de la Administración Biden sobre su primer ministro y líder de partido, Benjamín Netanyahu.

Bismuth afirma sentirse emocionado especialmente por el abrazo y agradecimiento de Kobi Samerano cuyo hijo Jonathan fue secuestrado por un empleado de UNRWA que llevó su cadáver a la Franja de Gaza tras ser asesinado por Hamas en el festival de música Nova. "Los trabajadores de UNRWA fueron cómplices totales de la brutal masacre que cometieron contra nosotros:no sólo ayudaron, sino que lideraron el mal, asesinaron y secuestraron. Los trabajadores de la UNRWA son terroristas disfrazados de Hamas", acusó.

Si su ley, que revoca un tratado fechado en el 67, entra en vigor en 90 días o no hay otra solución, uno de los efectos es que la agencia no podrá dar servicios (salud, educación, ...) a los palestinos en el campo de refugiados de Shuafat en Jerusalén Este. Israel ocupó la parte oriental de la ciudad en la guerra del 67 y la anexionó en 1980 sin el reconocimiento de la comunidad internacional. La ley no se refiere a sus actividades en Cisjordania y la Franja de Gaza pero puede influir si son afectadas las funciones administrativas de UNRWA en territorio israelí.

"Los trabajadores de UNRWA implicados en actividades terroristas contra Israel deben rendir cuentas. Como también es esencial evitar una crisis humanitaria, la ayuda humanitaria sostenida debe seguir estando disponible en Gaza ahora y en el futuro", reaccionó Netanyahu que aunque no participó en la votación finalmente hizo caso omiso a las peticiones de la Administración Biden para frenar la iniciativa. "En los próximos 90 días antes de que esta legislación entre en vigor -y después- estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel siga facilitando ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una manera que no amenace la seguridad de Israel", añadió esta noche.

Reacción de UNRWA

Phillipe Lazzarini, el responsable de la agencia con más de 30.000 empleados en toda la región, no tardó en condenar las votaciones en la Knésset. Según avisó, las leyes aprobadas "sólo profundizarán el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza donde la gente ha estado pasando más de un año de puro infierno. Privará de educación a más de 650.000 niñas y niños, poniendo en riesgo a toda una generación de niños".

"Estos proyectos de ley aumentan el sufrimiento de los palestinos y no son nada menos que un castigo colectivo", añadió Lazzarini.

Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, España y Eslovenia han sido los primeros países en condenar las leyes. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, mostró su "profunda preocupación" de que las dos leyes agraven aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. En la UNRWA, alertan que las leyes harán imposible que cumpla su mandato en los territorios palestinos.

Acusaciones mutuas

Desde hace décadas, las autoridades y medios israelíes denuncian que la agencia "perpetua la condición de refugiados de los palestinos, alimenta la creencia del derecho al regreso y promueve en sus escuelas el odio a Israel".

El malestar se multiplicó a raíz del 7-O. El ejército ha denunciado que instalaciones de UNRWA en la Franja de Gaza son usadas por Hamas y Yihad Islámica para esconderse, realizar ataques o almacenar armas al tiempo que empleados suyos formaban también parte de grupos armados al margen del citado papel en el 7-O. Hace unos dias, afirmó que Mohamed Abu Itiwi, muerto en un ataque en Gaza, era el comandante en el Batallón de al Bureij que dirigió el ataque contra un refugio donde estaban jóvenes que huyeron del festival NOVA.

Tras la votación y como reflejo del sentir generalizado en la cámara israelí, el líder centrista, Benny Gantz, definió a UNRWA como "organización que formaba parte del aparato de Hamas y cuyos empleados participaron en la masacre del 7-O".

El organismo internacional rechaza rotundamente las acusaciones al tiempo que denuncia la masiva ofensiva militar que, según acusa, mató a más de 200 de sus empleados, así como los efectos humanitarios en la Franja de Gaza. Según recoge Reuters, la ONU dijo en agosto que nueve empleados de UNRWA que podrían haber estado involucrados en los ataques del 7 de octubre fueron despedidos.

"Se trata del último paso de la campaña para desacreditar a UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados palestinos", denuncia Lazzarini al frente del organismo creado tras la guerra del 48 para dar servicio a los más de 700.000 palestinos que huyeron y fueron expulsados. Hoy, da servicios básicos a varios millones de palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania, Franja de Gaza, Líbano, Siria y Jordania.