Varias comunidades autónomas asumen con sus propios fondos la bonificación al transporte tras el fracaso del Gobierno
El pasado 23 de diciembre, el Gobierno de España decidió prorrogar hasta junio de 2025 las ayudas al transporte mediante una inversión de 1.608,7 millones de euros, de los que 844 irían destinados de forma directa a las comunidades autónomas para cofinanciar servicios colectivos.
Una bonificación de la que los Ejecutivos regionales y locales se venían beneficiando desde 2022, aportando la Administración central el 30% de la reducción en el precio de los abonos y títulos multiviaje. Sin embargo, con la derogación del decreto ómnibus y el último fracaso parlamentario de Sánchez, las ayudas se han esfumado y millones de usuarios, la mayoría jóvenes y trabajadores, se van a ver empujados a ampliar su gasto en esta materia en al menos un 50%.
"A partir de mañana decae el respaldo legal que tenían las ayudas al transporte público y, por tanto, los usuarios tendrán que pagar el importe completo del billete o del abono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida", expresó el ministro del ramo, Óscar Puente, visiblemente decepcionado por una derrota para la que desde el primer momento tuvo un culpable: el Partido Popular.
"Les importa cero la ciudadanía", acusó sin pudor el vallisoletano, que, en tan solo 24 horas, fue respondido por la totalidad de los líderes autonómicos populares, quienes han aprobado en tromba y "de momento" el mantenimiento de las ayudas a los servicios que son de su competencia.
"Que busque solución al lío en el que se ha metido y no pase la pelota a las comunidades autónomas. El problema es suyo y lo tiene que solucionar", reclamaba el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, apenas unas horas después de materializarse el primer golpe al mentón recibido por Sánchez en 2025.
En la región capitalina, el descuento asciende al 60% para el abono transporte y al 50% para los títulos multiviaje, cantidad que será asumida en su totalidad por el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso, que no descarta que, si no se da una solución temprana a este problema, tengan que verse empujados a aplicar una rebaja menor.
Una postura similar a la adquirida por la Comunidad Valenciana, donde el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez-Mus, ha anunciado que mantendrán temporalmente las tarifas de transporte público bonificadas. La Generalitat mantiene su hoja de ruta y extenderá hasta el 30 de junio la rebaja general del 50% y el abono gratuito para jóvenes, como se preveía que sería al comienzo del año.
En La Rioja, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán también ha fijado un plazo para el mantenimiento de las ayudas, aunque, en este caso, no se extenderán más allá del 31 de enero, a la espera "de que el Gobierno de España cumpla lo antes posible con su compromiso de subvencionar la parte que le corresponde". Cabe destacar que la derogación del decreto ómnibus no afecta a las bonificaciones a estudiantes, universitarios y colectivos prioritarios en todos los servicios de transporte público que están financiadas íntegramente por el Gobierno de La Rioja.
Jorge Azcón hará lo propio en Aragón y ya ha anunciado que su Gobierno mantendrá de forma "temporal" las ayudas al transporte de titularidad autonómica con el deseo de que "la parte que corresponde al Estado sea compensada con carácter retroactivo cuando la prórroga sea aprobada". Su postura ha sido respaldada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuyo Ayuntamiento ya asumía casi el 30% de la subvención, pese a que su obligación era del 20%, y mantendrá el descuento del 71% del coste del billete de bus y tranvía.
La Xunta de Galicia también mantendrá la bonificación del 50% al transporte interurbano, aunque caerá hasta el 20% en febrero si se mantiene el bloqueo sobre la norma. "Esto es ingobernable", ha clamado Alfonso Rueda desde FITUR. Un sentir similar al mostrado por la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien ha anunciado que su equipo va a estudiar "cómo cubrir la ausencia de responsabilidad por parte del Gobierno de España" para mantener la bonificación del 70%, que es la que le corresponde.
Zonas como Baleares o la ciudad autónoma de Melilla han garantizado por el momento la bonificación del transporte público. En las islas, el conseller José Luis Mateo ha sostenido que el Ejecutivo continúa trabajando con la idea de mantener la gratuidad durante todo el 2025 a la espera de una solución por parte del Gobierno central. Tranquilidad que también se vive en Canarias, donde la directora general de Transportes y Movilidad de su Gobierno, María Fernández, ha recordado que en los presupuestos generales del Estado figura una partida para la gratuidad del transporte, por lo que, a su juicio, lo que ha decaído es "la fórmula" y "las condiciones" de la ayuda.
Otras regiones gobernadas por el Partido Popular, como Andalucía, Castilla y León, Cantabria y Murcia, no compensarán las ayudas del Gobierno, pero sí mantendrán las que eran responsabilidad autonómica. Todas ellas solicitan al Gobierno central que "busque una rápida alternativa que vaya más allá de la estrategia y el tacticismo político de culpabilizar a otros de su debilidad parlamentaria".
Disparidad en el PSOE
Por otro lado, las comunidades dirigidas por el Partido Socialista no han ejercido una respuesta conjunta. En Castilla-La Mancha, el caso más llamativo, la Junta no mantendrá las ayudas, ya que, según ha reconocido el vicepresidente, José Manuel Caballero, es "imposible" para la Administración los costes. No obstante, las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real sí han confirmado que prorrogarán las bonificaciones.
En Navarra, por su parte, el Gobierno de María Chivite ha decidido posponer su decisión hasta que el Gobierno clarifique la situación, mientras que, en Asturias, Barbón se ha decantado por mantener el precio del sistema Conecta, una tarjeta que por 30 euros al mes como máximo da acceso a todos los servicios por carretera, incluidos los buses urbanos de Oviedo, Gijón y Mieres, y los trenes de Cercanías, compensando así los fondos que no lleguen del Estado.
Cataluña mantendrá los descuentos hasta que el Gobierno de España tome una decisión sobre estos. Así lo han expresado las administraciones consorciadas de la Autoridad del Transporte Metropolitano del Área de Barcelona y las Autoridades Territoriales de la Movilidad (ATM) de Girona, Lleida y Tarragona a través de un comunicado, donde indican que, en caso de que se anulen las bonificaciones del Estado, mantendrán las bonificaciones del Gobierno acordadas en los Consejos de Administración, que son del 20%, asegurando así el compromiso de la Generalitat con la ciudadanía y la promoción de la movilidad sostenible.