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El Gobierno sigue sin fijar el peso de los criterios para el reparto de menores diez días después del pacto con Canarias
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido este miércoles con la consejera del ramo del Gobierno Vasco y ambas coincidían en que el reparto se hará según los criterios fijados, que coinciden con los ya pactados por todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de 2022, que se resumen en densidad de población, producto interior bruto y tasa de desempleo, por lo cual Cataluña y País Vasco deberían asumir un mayor número de menores, pero atendiendo también al esfuerzo previo y el punto de partida de cada comunidad.
Con esa maniobra se interpreta que el Gobierno está buscando la fórmula para contentar a sus socios de Junts y retener el apoyo del PNV, pero aún no está claro qué criterios primarán por encima del resto ya que no hay avances en las negociaciones mientras el ministerio de Juventud recopila los datos para establecer ese «punto de partida». Fuentes del Gobierno y del Ejecutivo canario aseguraron a ABC que los criterios fijados responden a parámetros objetivables que generen un equilibrio entre las comunidades y negaron categóricamente que Cataluña y País Vasco fuesen a quedar excluidos del reparto.
En cualquier caso, el Gobierno quiere contar con el apoyo de Junts para poder llevar esta medida al Congreso. De hecho tanto desde el PSOE como desde Sumar aseguran que se está conversando con los de Puigdemont para alcanzar un acuerdo aunque no ha habido avances significativos.
En una declaración más bien escueta, Rego asegura que la reunión ha sido satisfactoria y que convocará un encuentro de nuevo con la consejera de juventud vasca y con las diputaciones forales -que son las que tienen las competencias de los centros de acogida en el País Vasco- para evaluar la situación en mayor profundidad. Además fuentes del ministerio aseguran que la titular de Juventud continuará manteniendo reuniones con las comunidades autónomas y ultimando las cifras y el peso de los criterios.
Hasta que el ministerio concrete de qué forma se realizará el reparto y cuántos menores debe acoger cada comunidad, el Gobierno se encuentra también a la espera de el informe de la Abogacía del Estado que determinará la vía jurídica para llevar acabo el reparto. El presidente canario, Fernando Clavijo, lleva meses insistiendo en que el Ejecutivo actúe por real decreto ley, una medida de urgencia, para acelerar el proceso, pero al tratarse de menores de edad esta vía resulta inverosímil.
El presidente insular además mantendrá a finales de este mes de febrero una reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para concretar la financiación que acompañará el reparto. Una reunión que debería haberse producido el pasado 11 de febrero peor que Montero canceló por enfermedad.