El protocolo entró en vigor el 1 de agosto de 2018 tras su ratificación por diez Estados. En la actualidad son 24 los países miembros del Consejo de Europa los que lo han ratificado. A ellos se suma ahora España.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que se trataría de una iniciativa similar a la ya existente cuestión prejudicial que los magistrados plantean ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien en este último caso la cuestión versa sobre el acomodo de preceptos de una ley al derecho de la Unión, mientras que la vía que se abrió este martes lo hace sobre el impacto de la interpretación de una norma en derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Junqueras desliga la quita de la deuda de su apoyo a los Presupuestos: «Una cosa no va con la otra»
Montero y ERC diseñan una quita que beneficia a Cataluña y Andalucía, y castiga a la Comunidad Valenciana
Estas fuentes se muestran escépticas ante la posibilidad de que algún juez plantee esa consulta sobre algún asunto en trámite ante la jurisdicción nacional, y menos sobre alguno que incumba a los independentistas, pues las cuestiones prejudiciales que se plantearon respecto a la ley de amnistía ya están en el TJUE, en relación a su acomodo al derecho de la Unión, y las referentes a las condenas del 'procés' que denuncian la vulneración de derechos están recurridas por los propios interesados ante Estrasburgo.
Por eso las fuentes consultadas ven en la firma de este protocolo más «fuegos de artificio», «afán de enredar» y «ganar tiempo» que otra cosa. Se muestran convencidas de que ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional tomarían la iniciativa para presentar una consulta de este tipo. Se podría pensar en los amparos contra la no aplicación de la amnistía, pero el ritmo que está llevando Conde-Pumpido con este asunto no apunta precisamente a su intención de ralentizar su decisión.
Pero aun en el hipotético caso de que algún alto tribunal lo hiciera, el TEDH dispondría de la facultad de aceptar o no tal solicitud. Después la Gran Sala tendría que reunirse y estudiar el asunto planteado y luego emitir una opinión que podría ser favorable o no a los intereses de los independentistas. En definitiva, un laberinto del que se augura poco recorrido.