El Congreso dilata otra vez los plazos para hacer permanente el 'tasazo' a banca y energéticas ante la falta de apoyo parlamentario
Más margen para perpetuar el impuestazo a bancos y energéticas. El Congreso ha vuelto a dilatar este martes el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley en el que el Gobierno incluyó la transformación en permanente del gravamen temporal que, a priori, debía decaer el próximo 31 de diciembre. La decisión se enmarca en un momento de especial tensión en el sector, donde Repsol ha reavivado su advertencia al Ejecutivo de que suspenderá inversiones millonarias en el país si continúa el golpe fiscal, pero también en el plano político, donde la tasa ha abierto ya una brecha entre los socios del Gobierno.
La falta de consenso parlamentario sobre esta medida fiscal ha empujado a ampliar una semana más, hasta el 30 de octubre, el periodo de enmiendas al proyecto de ley que traspone la directiva europea del tipo mínimo del 15%. El plazo inicial concluía mañana. El Gobierno preveía aprovechar dicho proyecto de ley para, vía enmiendas, incorporar al gravamen sectorial los cambios necesarios para extenderlo sine die, tal y como se pactó el año pasado en el acuerdo de investidura de Sánchez entre el PSOE y Sumar.
La presión de los colosos del sector energético sobre las formaciones políticas más permeables a sus quejas, como Junts o el PNV, está dando sus frutos. Precisamente, el presidente de la formación nacionalista vasca, Andoni Ortuzar, ha reconocido esta mañana en una entrevista en TVE que teme que la decisión del Gobierno de Sánchez de mantener las tasas a banca y energía suponga "matar a la gallina de los huevos de oro" y ha defendido la necesidad de aplicar una "fiscalidad estricta y justa". Su partido lleva meses negociando con Moncloa para asumir la recaudación del impuestazo en Euskadi, una competencia que le permitiría bonificar su pago, beneficienado a gigantes como Iberdrola o la propia Repsol, con mucho peso en el territorio.
En el frente catalán, este lunes la patronal Foment del Treball irrumpió también en el debate y reclamó a la Generalitat de Salvador Illa que se enfrentase al Gobierno para frenar el tasazo. Hay mucho en juego. Dos de los cuatro proyectos que Repsol ha dejado en el aire iban a ubicarse en Tarragona: la llamada Ecoplanta, un gigantesco proyecto de unos 800 millones de euros de inversión para producir metanol y biometanol renovables a partir de residuos urbanos; y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, con 150 megavatios de capacidad y que movilizará 300 millones.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, censuró también este martes en Santander, tras la clausura del XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, la supervivencia del impuesto extraordinario. Según alertó, "pone en duda inversiones milmillonarias" en España. Garamendi reconoció estar "en sintonía" con gigantes como Repsol, Cepsa y todas las compañías eléctricas en esta cruzada, tal y como recogió Europa Press.
El coto al fraude del crudo, en el aire
No solo el Gobierno iba a aprovechar el proyecto de ley sobre el tipo mínimo del 15% para sacar adelante reformas de calado para el sector energético. Este texto ha sido también el vehículo que han elegido las cuatro grandes patronales del negocio petrolero y de las estaciones de servicio (Aevecar, AOP, CEEES y UPI) para tratar de tramitar una reforma del actual sistema de tributación del IVA en la venta de combustible, a fin de acabar con el fraude fiscal que se vive en el sector, que ha crecido hasta niveles históricos en el último año y ya roza los 3.000 millones de euros anuales.
Al igual que Moncloa, las gasolineras confiaron en que, el citado proyecto de ley, al tratarse de la trasposición de una directiva europea de 2022 avalada por la OCDE y sujeta los plazos de Bruselas, iba a avanzar con cierta celeridad, una excepción en el actual panorama de bloqueo parlamentario, como avanzó EL MUNDO.