Con la máxima de que la Junta apuesta por un Diálogo Social «eficaz, eficiente y con un coste adecuado» y que «desarrolle políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos», el informe defiende que los acuerdos que se han alcanzado -y se siguen acordando- en este marco son «compromisos de conducta y no acuerdos vinculantes».
Al respecto, recuerdan que el Diálogo Social «institucionalizado» ha ido «acumulando y ampliando las materias de actuación hasta llegar a sectores tan variados como la vivienda, la dependencia, la educación o el medio ambiente» cuando «es de sobra conocido que existen organizaciones con más amplia representación sectorial» en estos campos para concluir que el Diálogo Social, convertido ahora en un «cajón desastre», «sólo debiera incluir aquellos asuntos de específico interés de las empresas y trabajadores».
Además, denuncian que UGT y CCOO «no señalan en su escrito de reclamación» que «una parte» de los acuerdos «son ejecutados por ellos mismos para lo que reciben cuantiosas subvenciones». Frente a la queja sindical, el departamento liderado por Mariano Veganzones sostiene que «nunca ha dejado de darse» el cumplimiento del Diálogo Social, al tiempo que acusan a UGT y CCOO de ser ellos los que no lo han ejecutado «en otras ocasiones».
Así, tratan de demostrar que sus reclamaciones son «selectivas» al no incluir en ellas asuntos vinculadas al Ejecutivo central en temas tan sensibles como el Salario Mínimo Interprofesional, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Becario, la Jornada Laboral o la Negociación Colectiva. «Esta falta de crítica al Gobierno de España por hacer caso omiso al Diálogo Social responde a los cerca de 34 millones de euros que han recibido de esta administración en los últimos dos años en pago por el mantenimiento de una supuesta paz social», defienden desde la Consejería en manos de Vox.
Todo ello para concluir que «su denodado interés por recuperar unas subvenciones cuyos efectos sobre la inserción laboral se han demostrado negativos» se hace «bajo la excusa de la supuesta pérdida de derechos de los ciudadanos que ya están ampliamente implantados en todo el país y en nuestra región».
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo critican su ausencia y que hayan alegado «sobrecarga laboral» motivo por la preparación del 1º de Mayo
El informe señala que los sindicatos consideran que las ayudas que la Junta les ha ido retirando desde 2022 «se habrían consolidado con el paso de los años en una suerte de derecho adquirido» que la Consejería rechaza. Por último, cifran en casi 40 millones lo recibido por UGT y CCOO en los últimos seis ejercicios en Castilla y León en distintos programas vinculados con el Diálogo Social -con una más que significativa rebaja desde la llegada de Vox a la Junta- para concluir que este mecanismo «se ha convertido en un auténtico medio de obtención de subvenciones por parte de los sindicatos, más preocupados por financiar sus estructuras que de conseguir mejoras para los verdaderos destinatarios de esos fondos públicos».