Oposiciones: ¿Opción segura o falso refugio?

A medida que España continúa en el camino del envejecimiento poblacional, marcado por la jubilación de la generación del baby boom, cada año cohortes mayores de trabajadores del sector público transitan hacia la jubilación dejando espacio para que un mayor número de jóvenes (y no tan jóvenes) accedan a esos puestos de trabajo. Además, las necesidades de gasto público asociadas al envejecimiento poblacional, relacionadas esencialmente con sanidad y cuidados de larga duración, aunque no exclusivamente, incrementarán aún más el número de trabajadores públicos necesarios en el medio plazo.

La suma de lo anterior ha propiciado un auge sin precedentes en el interés por opositar de los jóvenes españoles. De acuerdo con los datos de Opositatest, el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que están pensando en opositar ha superado la barrera del 40% en el 2024, llegando al 41,4%, dos puntos más que el año anterior. Aunque estos datos no equivalen al número de jóvenes que están preparándose activamente para una oposición, lo cierto es que, con los últimos datos disponibles elaborados por el Instituto Nacional de estadística, ya en el curso 2019/2020, el porcentaje de jóvenes que acudían a academias para preparar oposiciones no era nada despreciable, llegando al 12% entre el grupo de edad de los 25 a los 29 años.

Más allá del incremento de la demanda de empleo por parte del sector público, las razones que conducen a los jóvenes a considerar o finalmente optar por preparar oposiciones está estrechamente relacionada con la gran brecha salarial entre los trabajadores del sector público frente a los que trabajan en el sector privado, así como a la garantía de seguridad financiera, que a su vez facilita el acceso al crédito hipotecario, el aspecto clave que permite a los jóvenes acceder a la propiedad de vivienda.

Esta brecha salarial entre sector público y privado alcanzó el 30% según los últimos datos de la Encuesta de estructura salarial publicada en 2022, pero se reducía a un 13% entre los trabajadores con educación universitaria. Aún así, la persistencia de esta brecha en el tiempo, así como la estabilidad en el empleo, parecen ser para muchos una recompensa suficiente para el coste que, en muchos casos, supone preparar una oposición. De hecho, si organizamos a todos los trabajadores públicos y privados en cien grupos cada uno según su salario (percentiles), veremos que el salario medio de cada grupo en el sector público supera al de su percentil homólogo en el sector privado salvo en un caso, el 1% de trabajadores mejor retribuidos.

Sin embargo, hay buenos argumentos que pueden poner en duda la percepción comúnmente aceptada de las oposiciones como una apuesta segura para los jóvenes. Como cualquier inversión, las oposiciones tienen un coste, del que la mayor parte es el coste de oportunidad en forma de salario perdido durante el tiempo que se dedica a su preparación. Aunque la opacidad en el sector de las academias y preparadores no permite conocer el tiempo medio de estudio, si asumimos tan solo un año y el salario mediano bruto, hablamos de un coste de 22.000€.

A esto hay que sumar el coste, limitado pero creciente, de las academias de preparación de oposiciones que, de acuerdo con los últimos datos del INE en la encuesta de gasto de los hogares en educación, llegaban a los 1.300€ anuales de media entre los jóvenes de 25 a 29 años. Por último, la cuestión clave está en la parte de los ingresos ¿Cuál es la brecha salarial real entre trabajadores públicos y privados? Aunque la brecha agregada ronde el 30%, en buena parte se debe a un efecto composición en el tipo de empleo y el tipo de trabajadores que predomina en cada sector. ¿Qué prima salarial real tiene un trabajador del sector público frente a un trabajador comparable en el sector privado?

Esta y otras preguntas se plantearon los economistas Laura Hospido y Enrique Moral en un trabajo académico hace ya casi una década, y los resultados fueron sorprendentes. Aunque la brecha salarial en términos absolutos rondaba el 30% entre hombres y mujeres en 2012, esta se reducía prácticamente a la mitad una vez se consideraban las características observables de los trabajadores, y prácticamente desaparecía tras tener en cuenta sus características no directamente observables, si bien los resultados han podido cambiar desde la elaboración del estudio.

Así pues, si los costes pueden llegar a ser tan elevados y la recompensa salarial real puede llegar a ser tan reducida, está claro que la estabilidad en el empleo está jugando un factor clave para atraer a los jóvenes al sector público. Es comprensible, investigaciones académicas han documentado que España es uno de los países desarrollados donde los episodios de desempleo afectan de forma más negativa y duradera a los trabajadores, con periodos de recuperación mucho más lentos que los observados en otros países desarrollados. Cabe preguntarse si, en un escenario donde la regulación laboral no dificultase tanto la reincorporación al empleo de los trabajadores que han perdido su puesto, la alternativa del sector público continuaría teniendo el auge que hoy tiene entre los jóvenes, que no hacen más que seguir las reglas de un juego que no han escrito ellos.