Precisamente el primer día del juicio celebrado contra Fernández y otros acusados en la Sección Tercera de la Audiencia hispalense, el 3 de marzo pasado, Díez estuvo sentada entre el público y los periodistas. Entonces no había saltado al foco mediático por investigar, por su cuenta y riesgo -según su versión- o al servicio de Ferraz, supuestas guerras sucias de la derecha contra miembros de su partido en connivencia con jueces y mandos policiales.
Vicente Fernández llegó en junio de 2018 a la SEPI de la mano de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y dimitió en octubre de 2019 tras su imputación por el caso Aznalcóllar. Antes había trabajado con ella como interventor general de la Junta de Andalucía entre febrero de 2016 y junio de 2018, cuando la también secretaria general del PSOE andaluz estaba al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta, bajo el último gobierno socialista presidido por Susana Díaz. La Intervención es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración y de la totalidad de sus entidades instrumentales.
Absuelto en el juicio de Aznalcóllar
Anteriormente, el expresidente de la SEPI había ocupado un alto cargo como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta (2012-2016), periodo en el que se convocó el concurso por el que terminó siendo investigado, acusado y finalmente exculpado tras un juicio celebrado diez años después de que Emerita Resources, una de las licitadoras, presentara una renuncia por supuestas irregularidades administrativas que la Audiencia ha descartado de forma tajante.
Contratado por la empresa de Cerdán
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Fernández ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999. He estado al frente de las asesorías jurídicas de las Consejerías de Turismo y Deporte; Educación y Ciencia; Economía y Hacienda, y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como de la Agencia Tributaria de Andalucía y del Área de Asuntos Consultivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. También he sido secretario de los consejos de administración de la Empresa Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, y Cartuja 93.
Tras su imputación por el caso Aznalcóllar, la empresa controlada por el dimitido secretario de Organización Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL, investigada por cobrar comisiones del 2% del importe de obras de Transportes supuestamente amañadas a favor de Acciona, mantuvo en nómina a Vicente Fernández durante un año y medio.
Montero, que había puesto la mano en el fuego por Cerdán hasta que la UCO lo señaló como el presunto cabecilla de la trama, se desvinculó por completo de Vicente Fernández, asegurando que «salió del Ministerio de Hacienda hace cinco o seis años» y no tenía «ni idea de dónde trabaja». Tampoco es «su responsabilidad» saberlo, contestó expeditiva a los periodistas que le preguntaron por él.