Hace dos semanas, cuando agosto empezaba a desplegar su halo de inactividad política y económica, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzaba a audiencia e información pública el proyecto de real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. El principal objetivo, argumentan, es dotar de mayor transparencia con el control de gasto energético y de agua, con un importante aumento de la carga burocrática; así como una exigencia sobre el desarrollo del empleo generado y la contribución de los 'data center' a las economías locales. Hay de plazo hasta el 15 de septiembre para que los agentes afectados manden sus observaciones sobre la norma.
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La situación estaría libre de sospecha si no fuera porque la propia ministra del ramo, Sara Aagesen, ya ha puesto en preaviso al sector en su conjunto. En la pasada primavera, sobre las importantes inversiones que se están desarrollando en Aragón en el ámbito de los centros de datos, la también vicepresidenta dejó claro que, para ella, el sector estaba envuelto en una «burbuja». Y no solo en tierras aragonesas, sino en toda España.
«Es ingente la cantidad de proyectos que han llegado. De cero a un gran universo. Vamos a ir midiéndolos para analizar cuáles son los mejores, también para el territorio». El relato por parte del Gobierno ya estaba creado. Ahora solo quedaba legislar. Y eso ha llegado ahora.
Ausencia de diálogo
Según el 'Informe del Sector del Data Center en España 2025-Post 2027', si se mantiene la tendencia actual, España podría alcanzar una capacidad de 2.180 MW en los próximos cinco años, atrayendo una inversión directa de más de 21.800 millones de euros y una inversión indirecta que superaría los 36.500 millones de euros.
El documento, elaborado por Spain DC, la patronal sectorial que vela por los intereses de los principales operadores, refleja una actividad económica de primera magnitud. Sin embargo, el Gobierno ha decidido tratarlos como meras comparsas a la hora de legislar.
Según explica a ABC la directora ejecutiva del organismo, Begoña Villacís, la primera gran sorpresa que se ha llevado el sector es que se haya lanzado el real decreto en agosto, cuando a muchos efectos legislativos se considera inhábil.
'Agosticidad'
El real decreto se ha lanzado en pleno agosto y, lo más significativo, no se ha contado para nada con las principales empresas y operadores del sector. Además, cuentan con una organización sectorial, algo que podría facilitar el diálogo.
Exigencias
Hay una medida que va mucho más allá de lo que se plantea en Europa: solo aquellos que acrediten estar entre el 15% de mejores instalaciones en consumo de agua y energía podrán obtener o mantener permisos de conexión a la red eléctrica.
Empleo
Las otras exigencias, en materia de empleo, son muy injustas para una industria que tiene unas peculiadidades muy concretas y, por tanto, no debería ser vista como otras.
¿El enemigo?
Desde el sector no quieren poner trincheras ni verse como el enemigo de nadie, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica, por sus mensajes en público, parece que hace lo contrario.
Recuerda que en estos momentos hay una importante presión regulatoria sobre los centros de datos. Una curiosa contradicción, puesto que aumentan la legislación sobre ellos, pero no les tienen en cuenta. Sin duda, el gran pesar de Spain DC. «No ha habido una conversación con el sector. En nuestra organización representamos a los operadores de centros de datos y la cadena de valor; somos la demanda real. Creemos que nuestro conocimiento hubiera tenido valor», asegura Villacís.
Precisamente, la cara más visible de Spain DC explica que «si la ministra ha dicho que hay burbuja, le invitamos a que hable y dialogue con lo que no es burbuja». Villacís no rechaza de plano el nuevo real decreto. «Hay una parte que está en consonancia con lo que viene proponiendo Europa». Sin embargo, creen que Transición Ecológica «ha ido demasiado lejos», y eso solo representa trabas en el camino.
«Algunas medidas que quieren llevar a cabo requiere de unos plazos y unos trámites burocráticos excesivos. Por ejemplo, en el asunto de la reutilización del calor, donde ya existen proyectos que lo hacen, existe demasiada ambigüedad e incertidumbre de cómo se debería hacer», explica Villacís.
«No entendemos por qué se exige a esta industria datos que no se piden a otras industrias, por ejemplo las que tienen un carácter electrointensivo. Y de hecho, la administración no nos reconoce en este conjunto de empresas», recuerda la directora ejecutiva de Spain DC, que asume que la «transparencia es fundamental», pero que quieren participar de ella.
Otro de los puntos calientes en la nueva norma, el que pone el foco sobre el empleo, tampoco ha caído bien dentro del sector. Argumenta Villacís que «no se trata de una industria al uso en el asunto del control de empleo. No creemos que sea justo la forma de medir el empleo como lo quieren plantear».
Insisten desde Spain DC que este real decreto es «infinitamente» más exigente de lo que piden Europa, y que eso tendrá un impacto directo en la competitividad de las empresas que quieran tener base en España. Un mantra muy repetido en todos los sectores industriales. «No es bueno, y lo lamentaremos, porque tenemos todas las condiciones, por ejemplo el desarrollo renovable; y tenemos suelo disponible. Todo eso se podría evitar con un diálogo abierto».
Un problema de energía
En cuanto a los condicionantes energéticos, Villacís hace un inciso sobre las necesidades de demanda que tienen los centros de datos. Esta semana, precisamente, ABC se ha hecho eco del récord que ha habido de vertidos de renovables a la red. Es decir, de electricidad que se ha generado y que, finalmente, no se ha usado.
Desde el sector de los centros de datos aseguran que serían una alternativa perfecta, puesto que ellos hacen un uso constante de la electricidad, y con previsiones de demanda. Algo que ayudaría al impulso de las renovables que, de un tiempo a esta parte, empieza a estar preocupada, precisamente, porque la demanda es inestable y mucho menos de lo esperado.