La Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al ex consejero Alfredo Prada por malversar 40 millones en el Campus de la Justicia
La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al ex vicepresidente y ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por delito continuado de prevaricación y malversación agravada de 40 millones de euros en el proyecto del Campus de la Justicia.
La Sección Primera condena por el mismo delito a tres años y medio de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). El sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha resultado absuelto.
Las condenas no han sido más altas porque el tribunal ha aplicado la atenuante de retrasos indebidos en el procedimiento. Los hechos enjuiciados tuvieron lugar entre 2005 y 2011.
A todos los acusados se les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.
La sentencias establece que Prada y otros tres acusados deberán indemnizar conjuntamente a la Comunidad de Madrid con 40.482.735,78 euros.
La sentencia, de 214 páginas, explica que los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo "una intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable".
Los contratos suscritos "se alejaron cada vez más del objeto social" y la construcción de una Ciudad de la justicia "dejó de ser el objetivo principal", indica la resolución, para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos. Por ejemplo, exposiciones organizadas por la Fundación Arte Viva. Además, hubo contrataciones que por su "excesivo coste" superaban completamente la capacidad económica de la sociedad, como el contrato suscrito con Foster & Partners y sus consultoras sin contrato.
Para los magistrados, el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto. A criterio de la Sala, "el fracaso del proyecto del CJM [Campus de la Justicia de Madrid] se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo. Y entre esos gastos que esquilmaron a CJM se encuentran los contratos objeto de este juicio".
La condena es por malversación "agravada", dadas las cifras manejadas y el gran daño al servicio público. Por ejemplo, el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio costó a las arcas públicas más 13 millones de euros. Sumados los otros 23 contratos se llega a superar los 40 millones.
Tal cantidad, a juicio de los magistrados, es de una "extraordinaria relevancia" y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público. "El servicio público en este caso se identifica con el objeto social que debía colmar CJM con su capital íntegramente público, esto es, la urbanización y edificación de una ciudad judicial que albergara todas les sedes judiciales de la capital y que nunca se logró culminar, hasta el punto que a día de hoy esa ciudad judicial sigue sin existir; tan solo se logró edificar el inmueble que debía ser la sede del Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se completó, y parte de los túneles de conexión entre los distintos edificios".
El proyecto puesto en marcha hace dos décadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre ha sido retomado recientemente por el de Isabel Díaz Ayuso, que ha comprometido más de 600 millones de euros para que esté concluido em 2028.
Prevaricación
Para la Sala, la participación de Alfredo Prada en los 24 contratos objeto de este juicio está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos en representación de CJM, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.
La sentencia explica que fue Alfredo Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación "y quien decidió contratarlo sin justificación alguna, no tanto referida al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas".