Page hace fuerza para evitar que el Gobierno convierta el aeropuerto de Ciudad Real en un "auténtico gueto social"
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado la voz de alarma para tratar de evitar que el Ejecutivo central convierta el aeropuerto de Ciudad Real en un "auténtico gueto social". De esta forma tan contundente se oponen en el equipo del socialista Emiliano García Page a la posibilidad de que se acondicionen estas instalaciones de propiedad privada, ubicadas "en medio de la nada" y en desuso desde hace 13 años, como lugar de acogida de inmigrantes.
En el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social confirmaron este lunes que están "valorando la posibilidad" de abrir un centro de de emergencia "de carácter temporal" en dicha ubicación para atender a las personas llegadas a las costas españolas y derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos en la Península como Murcia, Almería y Alicante. Por el momento, según precisan las mismas fuentes, se están "realizando los estudios y análisis pertinentes para concluir la definitiva idoneidad del proyecto" y, que, "una vez finalicen, la misma será confirmada junto con las principales características" del recinto "en caso de ser definitivamente considerado viable".
En el Ejecutivo de Page recalcan que "el problema no es que vengan inmigrantes", sino "tratarlos de esa manera". "Antes de hacinar a la gente en barracones en medio de la nada se podrían explorar otras posibilidades para alojarlos en condiciones de más dignidad. ¿Es mejor un barracón en un aeropuerto que tratar con dignidad a esos seres humanos en los recursos residenciales que tiene el Gobierno en toda España, también en Castilla-La Mancha?", se preguntan.
La instalación en cuestión pertenece a una empresa privada, Ciudad Real Internacional Airport (CRIA), por lo que el Ministerio que dirige la también socialista Elma Saiz tendría que abonarle dinero por hacer uso de sus instalaciones. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el acuerdo estaría ya cerrado, que se anunciará "pronto" y que se habría encargado ya incluso a la compañía pública Tragsa la instalación de estructuras temporales para albergar a estas personas procedentes mayoritariamente de países africanos.
Además, el dueño del aeródromo, Rafael Gómez Arribas, actuó de intermediario entre la presunta trama de cobro de comisiones millonarias durante la pandemia a través de la venta de mascarillas por la que el ex ministro José Luis Ábalos está a punto de ser imputado y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. El equipo de Page rechazó la compra material sanitario que sí adquirieron otras administraciones con presidentes del PSOE, la de Francina Armengol (Baleares) y la de Ángel Víctor Torres (Canarias), por ser "claramente defectuoso".
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre han llegado a España 42.231 personas extranjeras en situación irregular, 15.691 más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 40.076 lo hicieron por vía marítima en cayucos y 30.808, en concreto, a través de las costas de las Islas Canarias, que concentra la mayor presión migratoria del país.