Así lo ha explicado hoy el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a una interpelación parlamentaria de la CUP, en la que el grupo antisistema pedía precisamente que se prohíba la «compra especulativa» de vivienda. Illa, en alusión a la propuesta, ha señalado que «no se ha cerrado a estudiar ninguna medida», apuntando eso sí que las decisiones que se tomen deben ser «realistas, viables y efectivas».
Illa ha asegurado que ya ha encargado a la consejera de Territorio y Sostenibilidad, Sílvia Paneque, que estudie la medida teniendo en cuenta el contenido de un estudio recientemente publicado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), en el que se señala que la medida podría tener encaje legal si la misma se aplica en las «zonas tensionadas» -donde ya se impone la limitación de rentas- y de manera limitada y temporal. Illa ha añadido, también en respuesta a la CUP, que estudian también la propuesta de limitar el número de pisos de los que pueda ser titular una persona.
De inmediato, el sector ha salido en tromba para descalificar una propuesta absolutamente equivocado, empezando por que habría que definir antes qué es compra especulativa, y si esto incluye «la compra para rehabilitar, para destinar a alquiler o para segunda residencia», en palabras de Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona.
Por su parte, Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, señala que "seguimos improvisando y validando propuestas en función de la aritmética parlamentaria que convierten a Cataluña en un laboratorio legislativo experimental, con efectos más que dudosos. Antes de hablar de prohibir la 'compra especulativa', es necesario aclarar qué incluye este concepto: ¿también quién compra para alquilar o rehabilitar? Todo esto, en un contexto ya marcado por un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 20% y una normativa cada vez más sancionadora, que no contribuye a generar la confianza necesaria para aumentar la oferta de vivienda".