Esta declaración define a la perfección cómo se quieren instrumentalizar políticamente las cuentas públicas. En el Gobierno son plenamente conscientes de las dificultades –si no la imposibilidad– que tendrán para aprobarlas, pero están dispuestos a asumir el precio de registrar una derrota. Al contrario de lo que ocurriera con los proyectos para 2024 –abandonado por el adelanto electoral en Cataluña– y 2025 –cuando desistieron por falta de apoyos– los del próximo ejercicio se elaborarán y se presentarán aunque sea para ver cómo el Congreso los tumba. Los Presupuestos son un instrumento, sí, un instrumento electoral. Y, tal como publicara este diario, se conciben ya como el mejor cartel para Sánchez y el PSOE.
La misma dinámica opera con los pasos previos. La senda de estabilidad, que el Gobierno tiene que aprobar primero en Consejo de Ministros para después llevarla al Parlamento, es cuestión de semanas. Fuentes de Hacienda consultadas por este diario aseguran que Montero la llevará «pronto», porque no perderá tiempo en negociarla a conciencia con los grupos. Las citadas fuentes aseguran que la ministra está dispuesta a traerla al Congreso «sin apoyos» con tal de «pasar el primer trámite». En Moncloa no van a asumir el desgaste de tratar de poner de acuerdo a todos los socios y cuentan con que será rechazada. «Si los grupos están en el 'no' los Presupuestos se hacen con la senda actual», advierten, recordando que los números actuales «les favorecen».
Esta actitud por parte del Gobierno genera desconcierto en la mayoría de la investidura, imprescindible para aprobar las cuentas. Consideran que la estrategia del Ejecutivo en cuanto a los Presupuestos está siendo ciertamente «errática» o muy explícita de que no tienen interés real en aprobarlos. Desde varios de los socios aseguran que los avances que el Ejecutivo dice registrar no son tales y que, para sentarse a negociar, todavía tienen que cumplirse compromisos pendientes.
En Moncloa no quieren dejarse más capital político en esta negociación, cediendo a exigencias de sus aliados, difícilmente conciliables entre sí. De ahí que Sánchez asegurase que –de fracasar en la aprobación– esto no tendrá ningún impacto sobre la legislatura. No se acortará. No habrá anticipo electoral. Los socios leyeron esta advertencia como una pérdida automática de incentivos para apoyarlos. Si el rechazo no tiene consecuencias, es más fácil ubicarse en una posición inamovible de máximos de cara a los correspondientes electorados En el Ejecutivo asumen ese riesgo, pero consideran que les compensa si, a cambio, se quitan presión en una negociación en la que, de no ceder a todas las pretensiones planteadas, se estarían jugando la permanencia en el poder. «Si no sale, todos quedarán retratados, tendrán que explicar por qué se oponen a unos presupuestos que supondrán un avance significativo en derechos», avanzan desde Moncloa, donde ya los diseñan como un adelanto de su programa electoral.