La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó pormenorizadamente en el informe presentado el 5 de junio al magistrado instructor Leopoldo Puente -que le llevó a imputar a Santos Cerdán y a pedir también a la Audiencia Nacional la imputación de Pardo de Vera y Herrero- el proceso licitador que habría permitido a los dos últimos adjudicar los contratos de obra a quien, supuestamente, previamente habrían acordado con Koldo García y los empresarios implicados.
Según explican los agentes, en la mayoría de contratos se optó por el procedimiento abierto basado en la «pluralidad de criterios de adjudicación» del artículo 146 de la Ley de contratos del Sector Público. Dentro de lo que permite la norma, al dar a los criterios técnicos un 51% y a los subjetivos un 49%, los dos investigados habrían evitado la entrada de técnicos o expertos en la valoración de la información para las adjudicaciones.
Las adjudicaciones se hicieron los cuatro años en los que Javier Herrero ocupó el cargo del organismo dependiente del Ministerio de Transportes
«En resumen, los órganos de contratación analizados, Dirección General de Carreteras y Adif, han usado para la adjudicación de las obras el procedimiento abierto mediante mesa de contratación, en el que dicha mesa ha otorgado mayor ponderación a la valoración mediante fórmulas, y, por ende, se ha basado en informes técnicos dimanantes del propio organismo adjudicador para la evaluación de los juicios de valor (51%-49% en la DGC y 60%-40% en Adif)», explica la Guardia Civil.
«Estos porcentajes acorde a la normativa otorgan mayor peso a la oferta económica, cobrando aquí relevancia el concepto de 'baja temeraria' (anormalmente bajas), dado que dicho cálculo se basa en fórmulas matemáticas que obtienen su resultado de la utilización de los valores dimanantes de las ofertas económicas del resto de licitadores, por lo que únicamente tras la apertura de todas las ofertas económicas se podría saber si una licitadora habría caído o no en baja temeraria», ahondan.
«Por ello era tan importante, y así se observará en dicho sentido en las comunicaciones entre los titulares de la Dirección General de Carreteras y de Adif con Koldo, que las mercantiles que presuntamente se pretendía que fueran las adjudicatarias, no fuesen consideradas ofertas anormalmente bajas, para que, de este modo, una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva permitiese otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación», exponen los agentes, que encontraron en los dispositivos del asesor de Ábalos y en las grabaciones que él mismo recogió, indicios de ese amaño con Pardo de Vera y Herrero para asegurar la entrega de los contratos de obra a Levantina, Ingeniería de Construcción (LIC), a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a Servinabar en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona.
El juez ve que ambos pudieron prestar asistencia a Ábalos a través de Koldo para que llegaran las adjudicaciones proyectadas
«Para lograr esta situación, no se habría requerido de la participación ilícita de la mesa de contratación, sino que con la participación de las personas que realizaban los informes técnicos ya podrían obtener los resultados que pretendían. De esta forma, únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas», rematan.
Por este sistema presuntamente corrupto de comunicaciones entre los empresarios con Koldo y de éste a su vez con Pardo de Vera y Herrero como controladores del procedimiento, figuran como investigados en el Alto Tribunal los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez (OPR), José Ruz (Levantina), Antxon Alonso (Servinabar) y Fernando Merino (ex trabajador de Acciona).
La investigación por corrupción abierta a Ábalos y a su asesor en el Supremo en un primer momento por su relación con el empresario y comisionista Víctor de Aldama, quien habría entregado a ambos mordidas en efectivo y en especie, asciende a otra escala de adjudicaciones multimillonarias de obra pública a las que precisamente apuntó Aldama, presentando a la Fiscalía Anticorrupción un listado con fechas y nombres.
La Guardia Civil lo resume así en su informe, y ve claro que ambos cobraron cantidades por participar en el sistema también acordado con Pardo de Vera y Herrero: «Sin embargo, Aldama no constituía la única fuente de ingresos para Ábalos y Koldo, habiéndose observado que, otra muy recurrente, tenía su origen en la actuación en favor de diferentes constructoras para la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública. Estas actuaciones en favor de Acciona, LIC u OPR, habrían generado una contraprestación para ambos de índole económica. Los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del Ministerio de Transportes: Adif y la Dirección General de Carreteras. En este sentido, la capacidad de actuación de Koldo se hallaba íntimamente ligada a la prevalencia de su relación personal y directa con el ministro Ábalos, jefe común de ambos entes dependientes del ministerio y máximo responsable de ese departamento».
La principal fuente de indicios de la participación en la trama investigada de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero (citados a declarar el 21 de julio ante el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno) son los mensajes intercambiados con el asesor de Ábalos.
«En lo que se refiere a la intermediación con Adif, Koldo departía directamente con su presidenta», recapitula la Guardia Civil. Por ejemplo, y en base a una de las ocho grabaciones realizadas subrepticiamente por el asesor de Ábalos incorporadas a la causa, los agentes afirman que el 18 de noviembre de 2020 el empresario José Ruz (Levantina) «le pidió a Koldo que intercediese ante Isabel Pardo de Vera en referencia a la reclamación de una obra a la que se referían como 'Elche'».
«Tras dicha conversación, en enero de 2021, Koldo le recordó a Isabel Pardo de Vera que LIC tenía pendiente una reclamación sobre Elche, pidiendo que se les informase cuanto antes del resultado», recoge el extenso informe.
En cuanto a las comunicaciones con Javier Herrero, también repasadas por la Guardia Civil, tiene especial relevancia para los investigadores una en la que también está implicado Santos Cerdán.
Igual que en el caso anterior, el indicio surge en una de las grabaciones de Koldo García, en este caso grabada el 22 de abril de 2019 durante una reunión suya con el socialista. «Al inicio de la conversación, Koldo le preguntó a Santos si había visto su mensaje, habiéndole enviado éste esa misma mañana la confirmación de que ya estaba 'La Rioja hecho'. Cabe destacar que esta comunicación se produjo tan solo unos minutos después de que Javier Herrero le dijera a Koldo que habían hecho '¡Bingo!' en Logroño'», recoge la UCO. Éste será seguramente uno de los mensajes por los que el ex director general de Carreteras tendrá que responder ante el juez, si no se acoge a su derecho a no declarar, el próximo 21.
En la resolución con la que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente consideró que Pardo de Vera y Herrero debían estar investigados en la Audiencia Nacional porque del informe de la UCO «resultan indicios consistentes» de que la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero hubieran podido prestar, «en el marco de las indebidas adjudicaciones», asistencia a Ábalos, a través de Koldo, «para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término» facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía. Sin embargo, consideró que las conductas de ambos, por ser instrumentales o accesorias a la «finalidad esencial perseguida indiciariamente por el aforado» (en referencia al diputado Ábalos), no deben investigarse en el Supremo.
La relación de Koldo García con algunos de los implicados, concretamente con Antxon Alonso y Fernando Merino, se remonta mucho antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa y Ábalos con él a Transportes.
En 2015, Koldo García ya se intercambiaba correos electrónicos con ambos sobre pliegos de contratos en relación con la sociedad Geoalcali, de extracción de minerales metálicos, que tenía que recabar autorización del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Industria para la explotación de la mina de Sangüesa, una gestión que se esperaba llevase a cabo Acciona en vinculación con dicha sociedad.
Por aquella época, Koldo García ya estaba en contacto con Santos Cerdán puesto que había sido cargo local del PSOE en su pueblo, Milagro. También fue el propio Cerdán quien metió a Koldo García en Transportes recomendándoselo a Ábalos como chófer por ser una persona de su máxima confianza y posteriormente instándole a que lo convirtiera en su asesor principal, como ocurrió.