El Tribunal Superior de Israel ha dictaminado este martes, por unanimidad de sus nueve magistrados, que el Gobierno tiene la obligación de alistar a los ultraortodoxos que estudian en yeshivot (seminarios religiosos) y están exentos del servicio militar que cumple obligatoriamente el resto de judíos del país. La decisión tiene consecuencias potenciales para el primer ministro, Benjamín Netanyahu, porque su coalición depende del apoyo de dos formaciones que representan a este grupo de población y rechazan tajantemente el alistamiento.
Los jueces se hacen sobre todo eco de una evidencia: no existe “marco legal” para la exención general, por lo que el Ejecutivo carece de potestad para ordenar al Ejército que no les llame a filas, en lo que supone un trato discriminatorio. El Supremo confirma además su decisión temporal del pasado marzo de obligar al Estado a dejar de transferir fondos a aquellos seminarios cuyos alumnos deberían alistarse.
La decisión no es una sorpresa, pero sí un golpe para Netanyahu, que quedaría en minoría sin el apoyo de sus dos socios ultraortodoxos: el sefardí Shas y el asquenazí Judaísmo Unido de la Torá. Integran su coalición desde 2022, junto con la ultraderecha, y son sus aliados desde hace años.
En marzo, el primer ministro anunció que no había logrado alcanzar un acuerdo para renovar la exención y el Supremo entró en escena. Ahora, si impulsa el cumplimiento del dictamen judicial, perderá a los ultraortodoxos y se verá forzado a convocar unas elecciones anticipadas que exige una mayoría de israelíes y que él califica de “regalo a Hamás” en tiempo de guerra. Ya a principios de mes perdió el apoyo de Benny Gantz por diferencias sobre el curso de la invasión de Gaza. Era un ministro procedente de la oposición que se sumó durante ocho meses al Ejecutivo de unidad creado para gestionar la guerra y que ha sido disuelto, por dejar de tener sentido.
Los magistrados no indican cómo se debe cumplir la decisión, ni cuántos ultraortodoxos deben ser alistados. Se calcula que la sentencia afecta a entre 55.000 y 67.000 personas de 18 a 24 años.
Ya antes del dictamen, un diputado de Judaísmo Unido de la Torá, Moshe Gafni, aseguró que el tribunal nunca ha fallado “a favor de los estudiantes de las yeshivot” porque ninguno de sus jueces “entiende el valor del estudio de la Torá [Pentatéuco] y la contribución que hacen al pueblo de Israel en cada generación”. Ya en 2002 hubo una ley para regular las condiciones para su alistamiento y exención, pero el Supremo la tumbó una década más tarde.
División
La exención ―un asunto que divide social y políticamente al país y protagoniza una batalla legal desde hace ya más de una década― ha vuelto a primer plano con la movilización masiva (la mayor de reservistas la historia de Israel) con motivo de la invasión de Gaza. La propia corte alude a una necesidad militar “concreta y urgente” que obliga a establecer un marco legal para su alistamiento y que no existía cuando el padre fundador, el secular David Ben Gurión, acordó la exención ―al crearse el país, en 1948― para apenas 40.000 personas, un 5% de la población.
Hoy, los ultraortodoxos suponen el 13% de los cerca de diez millones de israelíes y ―con casi siete hijos de media― llegarán al 32% en 2065 (según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas). Su exención de ir a filas indigna, de una manera muy emocional, al Israel más judío y secular, que pide en las manifestaciones desde hace años lo que llama “la igualdad en la carga”: que se alisten (o hagan servicio social sustitutorio), paguen impuestos y tengan derecho a los mismos fondos públicos que ellos.
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