La detención de Vicente Fernández vuelve a colocar a la vicepresidenta primera en una posición comprometida, todavía sin reponerse del escándalo de la polémica por el acoso sexual perpetrado por Paco Salazar. Montero fue quien le nombró para presidir la SEPI en junio de 2018, tras ganar la moción de censura, un puesto que abandonó un año después, en 2019, tras ser imputado por la Audiencia de Sevilla por un supuesto amaño de concurso en la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar. Causa por la que posteriormente fue absuelto. La vicepresidenta mantuvo el puesto sin cubrir dos años, hasta marzo de 2021 cuando designó a una sustituta, Belén Gualda.
«No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor», ha dicho hoy Montero en los pasillos del Congreso de los Diputados, para tratar de desvincularse de las prácticas ilícitas de quien fuera su mano derecha en la SEPI, hoy en los calabozos de la comandancia de Tres Cantos. La vicepresidenta marca distancias y señala que no ha mantenido «ningún contacto con este señor» desde que abandonó el grupo empresarial y dibujó su trayectoria como algo ajeno: «Él estuvo escasamente un año y pico en la SEPI, hace más de seis años, no está dentro del grupo de personas que habitualmente despachan y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo ese señor», ha reiterado.
Vicente Fernández disparó su patrimonio inmobiliario hasta los 4 millones tras colocarlo María Jesús Montero en la SEPI
El expresidente de la sociedad estatal, detenido junto a Leire Díez por una supuesta trama corrupta, posee dos chalés y cuatro pisos en Madrid, Sevilla y Marbella, además de productos de inversión financiera que superan el millón de euros
Montero asegura que ha conocido su implicación «por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre». Se refiere a la vinculación de Fernández con Servinabar, la empresa de Antxón Alonso -también detenido- y Santos Cerdán. «Fue entonces cuando yo conocí que estaba colaborando, trabajando con Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. No tenemos tampoco un entorno que compartamos. No tenemos amigos de amigos», ha asegurado.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda defiende que su elección para el puesto se debió a que tenía «todo una trayectoria trabajando» para la Junta de Andalucía como interventor general, por lo que «su perfil profesional es un perfil que avala su nombramiento». De este modo, trata de aplicar criterios objetivos y no de confianza para explicar su nombramiento. Además, Montero apunta que si bien no sabe qué periodo se investiga, porque la causa está secreta, toda la relación con Servinabar se produce con posterioridad a su salida de la SEPI.
«Los primeros sorpendidos»
Además, se ha mostrado abierta a colaborar en lo que sea necesario con la Justicia. «Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y a los que más nos duelen estos comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno, que hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético», ha dicho, para volver a mostrar su confianza en que se «llegue hasta el final». «Hasta donde se tenga que llegar y que respondan ante la Justicia todos aquellos que, presuntamente, hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama».