La modernización política de Colombia, a la que en diferente medida han contribuido los últimos presidentes, ha dado pasos hacia atrás con Petro. Apelar continuamente al mandato imperativo del pueblo para sacar adelante reformas polarizadoras, cuando en realidad tuvo el 50,4% de los votos (es decir, la mitad de los votantes no le apoyaron; contando con la abstención, solo le respaldó el 29% de la población con derecho a voto); llamar con frecuencia a sus seguidores a que salgan a la calle para forzar al cuerpo Legislativo, legitimando la presión fuera de los cauces institucionales; alargarse en soliloquios cuando tiene un micrófono delante, en una retórica muy trasnochada; invocar un misticismo revolucionario, sin reconocer lo equivocado de las guerrillas, también el M19 en el que militó...
Todos esos tics de Petro convergieron en la última crisis política que ha protagonizado, con un gobierno dimitido tras las puyas que se lanzaron unos contra otros en el Consejo de Ministros que el presidente hizo transmitir en directo. Las acusaciones de Petro a su equipo de no dar la talla, asombrosamente excluyéndose él de toda responsabilidad, y su intención de que las reuniones del Gabinete sean públicas a partir de ahora, entroncan con los tradicionales vicios del populismo latinoamericano, especialmente de izquierdas, pero también con manifestaciones a la derecha. Se trata de algo muy autóctono, razón auténtica de las democracias débiles en la región.
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Que Colombia no avance en institucionalidad y en calidad democrática es culpa directa de Petro (ciertamente no solo de él), no del imperialismo yanqui al que en las Américas se atribuye todo mal; tampoco de la herencia española: justamente el discurso oficial de Petro o la demagogia que mostraba López Obrador en México, enaltecen lo indígena y se dirigen contra España. Lo mismo ocurre en el caso de Bolivia. Que el país esté colapsando políticamente se debe a la soberbia autorreferencial de Evo Morales, que no entiende que el ejercicio democrático exige sucesión de liderazgos y reclama de los dirigentes respeto de las reglas de juego. El atrincheramiento en su comarca cocalera, protegido por lo suyos para impedir ser detenido y llevado ante la Justicia, y el encabezamiento de una marcha popular para exigir en La Paz ser inscrito como candidato presidencial, a pesar de prohibirlo la Constitución, son actuaciones realmente esperpénticas.
Que la ola democrática que desde la década de 1990 hubo en el mundo haya cesado ya su empuje en Latinoamérica y esté revirtiendo –ahí están, además, las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, que se suman a la contumacia de Cuba–, es fruto de procesos propios y no importados. Las dictaduras militares que la región conoció décadas atrás, aun siendo operaciones nacionales, contaron con el aliento –decisivo muchas veces– de Washington: ahora el golpe de estado de Daniel Ortega o el de Nicolás Maduro se da desde el interior de una ideología de izquierda que en su versión no evolucionada sigue anclada en la teoría de la dependencia (Latinoamérica es pobre porque otros son ricos) y en el victimismo «colonial» (más de 200 años después de las independencias). El populismo, en cualquier caso, no es patrimonio de ese lado del espectro político. La retórica de Bukele y Milei tampoco mejoran la calidad democrática de sus países; también ahí hay que hablar de algo nativo: aunque ambos presidentes se codeen con Trump, no deben a él sus fórmulas.