Puigdemont denuncia a Llarena ante el CGPJ por "retrasar" sus recursos sobre la amnistía
CarlesPuigdemont vuelve a la carga contra el juez Pablo Llarena: su abogado Gonzalo Boye ha denunciado al magistrado e instructor del procés ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "la desatención y el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación y resolución de los recursos sobre la Ley de amnistía, un caso que también se extiende al eurodiputado Toni Comín.
El letrado del huido considera que el juez "ha incurrido en una infracción disciplinaria" por haberse "excedido con creces" e "incumplido reiteradamente" el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma, que tiene que resolver el propio juez, a quien reprocha su "pasividad intencional" en el caso.
De esta manera, Boye asegura que los recursos presentados se tendrían que haber resuelto durante la primera quincena del mes de julio, algo que no ha ocurrido "sin que parezca existir razón alguna que lo justifique", según señala en el escrito presentado ante el nuevo Consejo General del Poder Judicial. En concreto, el letrado pide que se investigue la estrategia "dilatoria" que a su juicio lleva a cabo el magistrado del Supremo.
En su queja adelantada por Vilaweb, el abogado de Puigdemont especifica que la conducta que achaca al juez -una "inobservancia de los tiempos" legalmente establecidos- correspondería a una falta muy grave que llevaría aparejada la suspensión del ejercicio.
El pasado 1 de julio, el magistrado del Tribunal Supremo declaró no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye al ex presidente catalán.
El juez de la Sala Penal del Alto Tribunal dictó un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa en la causa del procés a Puigdemont, y a los ex consellers Toni Comín y Lluis Puig. En la misma resolución, Llarena acordó mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.
Una semana después, los días 8 y 9 de julio, Boye presentó recursos contra la no aplicación de la amnistía y posteriormente contra las órdenes de detención.
Sobre estos plazos, la defensa de Puigdemont asegura que "los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma". "No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo", sostiene.
Cabe recordar que una vez resueltos estos recursos y los posteriores de apelación, el líder moral de Junts tendría abierta la vía al Constitucional para impugnar esta decisión.