Un francés que viaja a España no entiende y se queja por el nuevo sistema de registro de viajeros: «No sabemos qué hacen con ello»
Tras varios aplazamientos, finalmente, el 2 de diciembre de 2024 entró en vigor el Real Decreto 933/2021, mediante el que las empresas turísticas están obligadas a recabar un mayor volumen de información de los viajeros que se alojan en sus establecimientos.
El decreto 'Gran Hermano', como ha sido bautizado en el sector turístico esta imposición del Gobierno, impone a los hoteleros recopilar datos tan sensibles como las transacciones económicas, domicilios, teléfonos, correos electrónicos o, incluso, relaciones de parentesco. Un nuevo procedimiento que no ha tenido buena acogida en el sector pero tampoco entre los turistas.
Sobre todo, por lo que consideran como una amenaza a su propia seguridad. A mayor cantidad de datos que hay que facilitar a terceros, mayor riesgo existe de que esa información privada pudiera ser utilizada de manera fraudulenta por otros.
El objetivo de este Real Decreto del 26 de octubre de 2021 es el de mejorar la seguridad pública. A su introducción en el BOE se exponía lo siguiente: «En el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional. En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones».
Estos datos están obligados a conservarse durante un periodo de tres años que empieza a contar «desde la finalización del servicio o prestación contratada» mediante la plataforma tecnológica desarrollada por el Ministerio del Interior.
Malestar de hoteleros y turistas
La cadena televisiva francesa TF1 ha dado a conocer el enfado que existe entre los viajeros que se quieren alojar en suelo español. «Recopilan nuestra información personal y no sabemos realmente qué hacen con ella», expresa un turista. Otro parece más aséptico. «Si llega a la policía, no tengo ningún problema. Ya saben que estoy aquí, he cogido el avión, he pasado los controles...».
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), asegura que «antes transmitíamos ocho datos. Ahora, un mínimo de 13 y un máximo de 42; es completamente ilegal y desproporcionado».
«La policía comprueba los datos que les enviamos y, si albergamos a una persona buscada, se ponen en contacto con nosotros», relata un recepcionista de un hotel de Madrid a la pregunta de TF1, que presencia cómo dos jóvenes francesas que se albergan en la capital de España durante tres días tienen que cumplimentar a mano una extensa hoja. «Es un poco engorroso y relativamente indiscreto», comentan.
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