Prohens se rebela contra la Hacienda catalana y considera que Sánchez «paga su peaje con el dinero de los ciudadanos de Baleares»
La nueva arquitectura fiscal pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña ha encendido las alarmas en comunidades como Baleares, que ven en el acuerdo un trato privilegiado a los intereses del independentismo catalán.
En plena tormenta política para el Ejecutivo central, cercado por casos de presunta corrupción y presionado por sus socios parlamentarios, la cesión a Cataluña del control de sus tributos es interpretada desde el Consolat de Mar, sede del gobierno balear, como una concesión estratégica para aferrarse al poder. El Gobierno de Marga Prohens acusa a Moncloa de romper la unidad del sistema de financiación autonómica y reprocha al PSIB su alineamiento con Ferraz, a pesar de haber rechazado antes fórmulas similares.
Tanto la presidenta como su vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, rechazan el modelo de financiación que el Gobierno quiere negociar con la Generalitat, al considerarlo profundamente perjudicial tanto para Baleares como para el conjunto del Estado.
Rompe el principio de solidaridad interterritorial
El acuerdo -presentado este lunes en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat- establece la cesión progresiva a Cataluña de la gestión del 100% de sus tributos, comenzando por el IRPF, mediante la creación de una Agencia Tributaria propia. Una medida que el Ejecutivo catalán califica de «singular» y que, en la práctica, permitiría a Cataluña quedar al margen del régimen común que comparten la mayoría de comunidades.
La presidenta balear se opone y acusa al Gobierno de romper el principio de solidaridad interterritorial y de favorecer a Cataluña en perjuicio de territorios como Baleares, segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación.
«Desde la posición que nos da ser la segunda comunidad aportadora neta al sistema de financiación, por encima de Cataluña, rechazamos el cupo separatista que rompe la caja común de espaldas al resto de Comunidades», advirtió Prohens, que vincula directamente esta concesión con los pactos de investidura que permitieron a Sánchez mantenerse en La Moncloa. «Sánchez paga el peaje de su continuidad con el dinero de los ciudadanos de Baleares», denunció desde su cuenta oficial en X (antes Twitter).
Ofensiva legal
El vicepresidente Antoni Costa ha ido más allá, advirtiendo que el Ejecutivo autonómico explora vías legales para frenar el acuerdo. «Nos oponemos a estas modificaciones y utilizaremos todas las vías legales, si hace falta también el Tribunal Constitucional, para parar esta situación que entendemos profundamente perjudicial para los ciudadanos de Baleares y del conjunto de España», ha avanzado este martes el también conseller de Economía.
En su opinión, este acuerdo «ataca de forma clamorosa la autonomía tributaria de las comunidades» y «hace que España avance hacia un modelo insolidario, e incluso inconstitucional».
Costa recuerda que la reforma del sistema de financiación es una demanda generalizada entre comunidades autónomas, y ve «inadmisible» que una sola marque el camino: «Es inadmisible que sea una comunidad autónoma la que determine el formato».
Critica también critica al PSIB de Francina Armengol, al que acusa de apoyar el acuerdo «cuando, antes de que el presidente del Gobierno lo planteara, votaban en contra en el Parlamento». «Los socialistas de Baleares son sencillamente lo que dice Sánchez», lamentó.
Desde el Ejecutivo central, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la fórmula catalana no excluye a otras autonomías, y que cualquier comunidad podrá asumir mayores niveles de gestión fiscal si dispone de los recursos para hacerlo. Sin embargo, los críticos alertan de que esta vía rompe de facto el sistema común y deja fuera a territorios sin una infraestructura tributaria propia.
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