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Europa vuelve a abrir expediente a España por la prórroga de la AP-9>
En su denuncia, la asociación argumentaba que las prórrogas aprobadas en los años 1994 –durante el Gobierno de Felipe González– y 2000 –con José María Aznar como presidente– para que Audasa siguiese explotando la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían directivas de la Unión Europea. Dado que la normativa entiende las extensiones de un contrato como nuevas concesiones, deberían haberse convocado para ellas licitaciones públicas, pero, en su lugar, nunca se publicó tal anuncio ni tampoco se celebró el debido proceso de adjudicación. Por ello, según informa la propia la CE, remitió al Gobierno de España una carta buscando «garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que prevén la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia». Ahora que ha recibido el comunicado, el Ejecutivo nacional maneja un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias que plantea la CE, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevarlo ante el Tribunal de Justicia europeo.
Después de trascender el anuncio, la asociación En Colectivo se ha referido, en una carta enviada a los medios, a la decisión de la CE como «una gran noticia para todos los gallegos» y «un gran avance» de cara a lograr la transferencia de la titularidad de la autopista, cuya situación, «conforme pasa el tiempo», está cada vez «más en entredicho», añaden. En palabras de su presidente, Diego Maraña, «con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita, como ya sucede en otras comunidades autónomas, como Cataluña y Valencia, en las que han vencido los 40 años de concesión».
Afectación en el comercio
En el recurso interpuesto en 2019, En Colectivo esgrimía como principal argumento que las prórrogas aprobadas en los años 1994 y 2000 equivalen a una nueva concesión; por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones, y «no haberlo hecho impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios»; de esta forma, Audasa nunca debió disputarse con nadie la titularidad del contrato ni su potestad de cobro. La plataforma, además, alertaba de que la problemática se volvía más grave porque la imposición de los peajes afecta directamente al desarrollo del comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, a falta de alternativas a esta vía «con unas condiciones semejantes», como sí están «presentes en otros territorios del Estado».
El anuncio de Bruselas ha llegado este miércoles, mismo día en que el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha afirmado en el Congreso que su Ejecutivo no implantará nuevos peajes y que los que todavía siguen vigentes, como los de la AP-9, lo están debido a las prórrogas que se aceptaron entre 1996 y 2004, durante los gobiernos del popular José María Aznar; si bien la primera de las extensiones que denunció En Colectivo fue aprobada antes, en 1994, bajo el mandato del socialista Felipe González.
También el miércoles, tras conocerse la noticia, el BNG, a través de su eurodiputada Ana Miranda, ha solicitado a la CE que haga pública la documentación sobre el expediente abierto a España. La nacionalista ha achacado la actual situación de la AP-9 a «la dejadez» de PP y PSOE y ha considerado que los gallegos sufren «un escándalo» al «estar pagando una prórroga de la ampliación» de la autopista «por culpa de una decisión del gobierno de Aznar en el 2000 y por la inacción del PSOE, que no reaccionó cuando la CE abrió el procedimiento de infracción en 2021, al dar por válida esa prórroga», recoge Ep.