Los juristas ven inconstitucional la cesión a Cataluña, y Europa piensa en rearmarse
Los juristas ven inconstitucional la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña
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El PP lleva a Europa la cesión de inmigración a la Generalitat y pregunta a la Comisión si se vulneran normas comunitarias
Según ha dado a conocer el PP en una nota, la portavoz de la formación en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de los populares europeos, Dolors Montserrat, ha señalado que «la política migratoria no puede ser utilizada de moneda de cambio para las necesidades torticeras del presidente Sánchez», en referencia a que el acuerdo PSOE-Junts en materia de inmigración forma parte de la contrapartida de Pedro Sánchez para mantener el apoyo de los de Carles Puigdemont (siete diputados) en la Cámara Baja.
«La inmigración es un asunto de trascendencia europea. Fragmentar la gestión de fronteras y la concesión de residencia puede comprometer gravemente la seguridad y el control migratorio en el espacio Schengen. No podemos tolerar que los antojos de las fuerzas independentistas primen en un ámbito tan sensible que puede afectar a toda Europa», ha dicho Montserrat.
Por su parte, Juan Ignacio Zoido, también eurodiputado del PP y exministro del Interior, ha insistido en que el acuerdo es «una nueva factura por los siete votos de la investidura, los siete votos más caros de Europa», por ser un pacto «inédito en la historia moderna de Europa». Y ha añadido que, en su opinión, «como no han podido sacar a Cataluña de España, ahora pretenden sacar a España de Cataluña», recordando a su ve que Puigdemont ha celebrado la firma de la iniciativa señalando que la Generalitat ejercerá una competencia «que solo tienen los Estados».
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Los populares han recordado que la política de inmigración constituye una competencia «compartida» entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembros, regulada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Acervo de Schengen, con normativas vinculantes, lo que obliga a un cumplimiento estricto de ciertas normas. De esta manera, el PP, que ha avanzado que si se aprueba la cesión revertirá la situación cuando vuelva al Gobierno, considera que hay dudas sobre cómo se relacionaría la UE con el gobierno regional para las labores de coordinación policial que se desarrolla en agencias como Europol o Frontex.
Las tres preguntas literales presentadas son: ¿Cómo va a garantizar la Comisión que la transferencia de competencias a Cataluña se realice de acuerdo con el marco jurídico comunitario y la correcta aplicación del Derecho de la UE? ¿Considera la Comisión que la fragmentación administrativa en el control de fronteras, la concesión de visados o la gestión de autorizaciones de estancia podría comprometer la seguridad y el control migratorio dentro del espacio Schengen? Y, ¿cómo se relacionaría la Unión Europea con el gobierno regional para las labores de coordinación policial que se hace en Europol o Frontex?