La sensación de que el partido de Puigdemont tiene que cambiar de estrategia antes o después – «y más pronto que tarde» coinciden muchos grupos parlamentarios– ha calado hondo. Y la mayoría de socios del Ejecutivo se han puesto en guardia. Están a la espera de los próximos pasos.
En Junts, que desde el principio sabían que Podemos se opondría a admitir a trámite esta ley que consideran «racista», trataban de quitarse presión incluso antes del debate: «Es un incumplimiento más y sirve para constatar que no hay mayoría para los temas que interesan a Cataluña», justificaban. La digestión de las últimas encuestas, en las que Aliança Catalana escala hasta los 19 diputados y se queda a solo dos escaños de los neoconvergentes, se está haciendo muy pesada. Y no solo en Junts. El resto de socios habituales, también PNV y Bildu, reconocen «preocupación» ante el panorama actual y recelan sobre si se puede esperar un volantazo de Puigdemont.
Los nacionalistas vascos se han instalado en una cierta desconfianza. El partido que dirige Aitor Esteban considera que los grupos en el Congreso «se miran entre sí» y están atentos a los movimientos del resto, conscientes de la situación de debilidad en la que se encuentra el Gobierno, sobre todo desde que estalló el caso Cerdán. La entrada en la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE, que además ejercía de interlocutor prioritario con todos ellos, fue el punto de inflexión definitivo.
A partir de ahí, continúan en el PNV, cada partido «defiende su agenda con más fuerza que nunca» y por eso mismo se evidencian las incompatibilidades que tienen unos y otros. En materia de inmigración ayer de nuevo, en el gasto en defensa en los últimos meses o de cara a unos futuros Presupuestos que nadie ve viables. «El Gobierno no puede cumplir con todo a la vez», rematan.
En la derecha, PP y Vox, también analizan desde hace dos días la nueva situación que afronta Junts. El diagnóstico que hacen es que el partido de Puigdemont está «atrapado»: no le sale a cuenta apoyar más al Gobierno a tenor de lo que dicen los sondeos y tampoco saldría bien parado si forzara una convocatoria electoral. Sin embargo, todas las formaciones políticas del arco parlamentario dan por hecho que «algo va a hacer» para frenar la sangría que pone en jaque su espacio en Cataluña.
Junts pide que Cataluña gestione el «desbordamiento» migratorio: «La supervivivencia de nuestra identidad no está garantizada»
Nogueras ha asegurado que «el sistema ha gripado» y que los catalanes «quedan excluidos de las ayudas públicas
En el debate de este martes ya se evidenció una radicalización de su discurso en inmigración, el que comparte con Aliança Catalana, que sería primera fuerza en Girona y Lleida, precisamente por el fenómeno migratorio. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, habló del «colapso» por culpa de la «negación del problema» que hasta ahora ha hecho el Gobierno central, y la necesidad de que la Generalitat –que hoy está en manos del PSC– asuma las competencias para «controlar el actual desbordamiento». Términos en los que también se expresa Aliança Catalana y en los que coincide Vox en muchos momentos, sobre todo en la teoría del Gran Reemplazo.
Porque el discurso fue especialmente duro al insistir en que las clases medias catalanas han quedado «excluidas» de algunas ayudas sociales o que no pueden acceder a los servicios públicos que necesitan por el número creciente de inmigrantes que ha ido asumiendo la comunidad autónoma. «Hemos pasado de la Cataluña de los seis millones a la de ocho millones. En las últimas décadas han llegado dos millones de personas más. La población extranjera hoy representa el 19% frente al 2% de los años noventa», afirmó Nogueras para zanjar, justo después, que son los datos estatales los que muestran que el «40% de los inmigrantes en Cataluña no trabajan y reciben ayudas sociales para poder vivir».
La diputada de Junts, de la máxima confianza de Puigdemont, aseguró que la última regularización de inmigrantes masiva que se hizo en España afectó especialmente a su comunidad y acusó «a algunos insensatos de hablar» de una Cataluña «que alcance los 10 millones» de habitantes, pensando sobre todo en la inmigración que está por llegar. El Gobierno de Sánchez es partidario de una nueva regularización masiva y mantiene la defensa de una política migratoria abierta. El PSOE firmó con Junts esta proposición de ley con un preámbulo que ERC y Bildu volvieron a calificar de «xenófobo».