Bruselas critica ahora la reforma de las pensiones de Escrivá y obliga a un ajuste de casi 12.000 millones de euros

Después de haber contemporizado durante toda la legislatura con la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, la realidad empieza a aparecer en el horizonte también para la Comisión Europea, cuyo responsable de Economía, el socialista italiano Paolo Gentiloni, ha avalado hasta ahora carros y carretas, siempre que vinieran de parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Este desvío en los gastos obligará a un ajuste de casi 12.000 millones de euros.

El Informe sobre el Envejecimiento de 2024 afirma claramente que España es el país que registra un mayor deterioro en las proyecciones de gasto en pensiones si se compara con las que se hicieron en el anterior estudio de 2021, cuando aún estaba vigente la reforma que hizo el anterior gobierno del popular Mariano Rajoy. Según este informe, con la aplicación del criterio que ha impuesto la coalición de Gobierno, España es «el principal ejemplo» de un aumento brusco del gasto en pensiones que llegará a incrementarse 3,6 puntos porcentuales del PIB durante el periodo de proyección (hasta 2070), debido a la abolición del factor de sostenibilidad y el retorno a la indexación total al IPC».

El informe europeo dice que la subida del gasto sería aún mayor si no se hubiera compensado con un aumento de la edad de jubilación, pero esta medida no llega en absoluto a absorber el espectacular aumento del gasto total.

Por si hubiera dudas, el informe afirma taxativamente que «las principales fuerzas impulsoras de esta presión al alza sobre el gasto público en pensiones son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la abolición del factor de sostenibilidad. El nuevo sistema de bonificación/penalización y el consiguiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensa parcialmente esta subida. El resto de medidas adoptadas incrementan el gasto en pensiones públicas».

No es la primera vez que el Gobierno escucha opiniones como esta sobre las consecuencias de su política económica en este campo. La novedad en este caso es que vienen de la propia Comisión Europea que ha aceptado entregar al Gobierno los fondos de recuperación a cambio de reformas como la que ahora se señala como responsable de futuros desequilibrios financieros para el Estado. Aunque los funcionarios al servicio de Gentiloni no han llegado nunca a elogiar expresamente la reforma de las pensiones, la han aceptado como parte de los compromisos de reformas e inversiones que se requerían para acceder a los fondos de recuperación, de los que España ha sido el mayor beneficiario solo después de Italia.