La Guardia Civil señala a 20 sospechosos de lucrarse con la identificación de cadáveres de inmigrantes
Una investigación de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira a una trama que supuestamente hacía negocio con los muertos de la emigración argelina hacia costas españolas. Según ha publicado este lunes el diario La Verdad, los agentes han realizado varias detenciones este fin de semana y hay al menos 20 personas investigadas en Murcia, Alicante, Almería y Madrid; entre ellas, empleados de funerarias, auxiliares forenses y personal de la Administración de Justicia adscritos al Instituto de Medicina Legal de Cartagena. Algunos integrantes de la red son sospechosos de cobrar a familiares de los fallecidos para facilitar de manera fraudulenta la identificación y los trámites de la repatriación de los cadáveres, según el diario murciano.
El juzgado de Instrucción 4 de Cartagena está coordinando las actuaciones, que están bajo secreto de sumario. Tanto la Delegación del Gobierno como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia han confirmado a EL PAÍS la operación, pero no han dado detalles, ni siquiera del número de detenidos. Preguntado por la supuesta implicación de funcionarios del Instituto de Medicina legal, el Ministerio de Justicia no ofrece ninguna información.
La investigación comenzó hace unos meses a raíz de una denuncia sobre la publicación de fotografías de cadáveres de inmigrantes argelinos que murieron en su intento de llegar a España. Las fotografías habían sido tomadas en salas de autopsia y su filtración solo sería posible con la connivencia de empleados del Instituto de Medicina Legal. Las imágenes suponían información muy valiosa para intermediarios con los que contactan las familias de los emigrantes fallecidos en su travesía en patera y que buscan confirmar la muerte, identificar a sus seres queridos y repatriarlos a Argelia. La investigación se centra en la conexión con Argelia porque es de este país de donde salen los emigrantes clandestinos que llegan a las costas de Almería, Murcia, Alicante y Baleares, focos de actuación de la red.
La red, según cuenta La Verdad, cobró a los familiares de las víctimas distintas cantidades, cuya cuantía no trascendió, por conseguir de manera fraudulenta la identificación de los cuerpos. No queda claro, sin embargo, si se trataba de una identificación informal con la que confirmar a las familias —a través de fotografías, por ejemplo— que el fallecido era quién buscaban o si, además, hay de por medio falsificación de documentos con los que se forzaba una identificación formal pero fraudulenta para llevar a cabo la repatriación.
En España faltan protocolos claros y homogéneos para proceder a la búsqueda de desaparecidos y la identificación de fallecidos de la emigración irregular. La falta de información y de un cauce accesible lleva años promoviendo la aparición de personas que median entre las autoridades españolas y los familiares. La mayoría lo hace de forma altruista, por convencimiento y sin cobrarlas, pero también han surgido aprovechadores que han hecho negocio con el dolor de cientos de familias que no saben adónde acudir.
La investigación pretende aclarar si las actividades de esta supuesta trama incurrieron en delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, estafa y cohecho, según el diario murciano.