En la moción del PP, registrada a última hora el martes pasado para que pudiera ser aprobada en este Pleno de julio, se insta al Gobierno de España «a que desista de su intención, manifestada a través de teletipos, de trasladar a 400 menores no acompañados al Creade de Pozuelo».
Además, se manifiesta el rechazo de la Corporación municipal a la política impulsada por el Gobierno de España «de forma unilateral y que fomenta unos flujos migratorios irregulares y descontrolados».
El Pleno del Ayuntamiento, con la mayoría del PP y Vox, reprueba al delegado del Gobierno pide al Ejecutivo una compensación por el «sobrecoste social, económico y de seguridad» que ha supuesto este centro en la ciudad
Por último, en la iniciativa aprobada por mayoría aplastante se acuerda dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a la FMM, a la FEMP y a la Comunidad de Madrid.
En el Pleno se ha debatido también una moción presentada por la única concejal de Vox, en la que se expresa el rechazo tajante «al traslado o redistribución de menores extranjeros no acompañados al municipio» y se insta al Gobierno de Ayuso a ejercer «sus competencias» para «frenar el traslado de los ilegales». El PP registró después su propia moción para poder defender su iniciativa y no ir detrás del partido de Abascal. Los populares han tumbado la iniciativa de Vox y han apoyado solo la suya.
El número dos del PP de Ayuso, Alfonso Serrano, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, han acudido a la sesión plenaria para respaldar a los suyos y sus respectivas mociones. Antes del Pleno, Serrano ha señalado que «el Gobierno de España no tiene política migratoria, lo único que hace es tratar a las personas migrantes, sean o no menores, peor que al ganado». «Los distribuye, se quita el problema de encima, los traslada a comunidades autónomas o municipios, la mayor parte de ellos gobernados por el PP, no financia ese reparto y se desentiende absolutamente de la situación», ha denunciado el secretario general del PP madrileño, que se ha reunido con la alcaldesa, Paloma Tejero.
En la moción del PP aprobada se explica que «el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, se habilitó inicialmente como un recurso temporal de emergencia para atender a refugiados ucranianos en situación de extrema necesidad».
«En ningún caso fue concebido como una infraestructura de acogida estable, ni mucho menos permanente, y, por ello, no cuenta con los recursos necesarios para albergar, de forma definitiva, a cientos de menores, como ha anunciado recientemente el gobierno».
En la moción se reconoce que la intención del Gobierno se ha conocido solo a través de la prensa: «Un anuncio conocido exclusivamente por los medios de comunicación, ya que no se ha recibido información oficial en ningún momento».
«Este anuncio ha generado, en los vecinos de Pozuelo, una enorme inquietud y alarma social, que es compartida por este Grupo Municipal y que pone de manifiesto, a nuestro juicio, una absoluta falta de respeto hacia los vecinos y hacia este Ayuntamiento, y representa un verdadero atropello, fruto de una política migratoria nefasta que lo único que consigue es alimentar el efecto llamada».
Se denuncia, además, la falta de información y de respuesta por parte del Gobierno de Sánchez: «Desde el Ayuntamiento se han dirigido sendos escritos a los Ministerios de Infancia y Juventud y al Delegado del Gobierno, interpelando una confirmación oficial de esas noticias y explicaciones urgentes e información sobre los criterios objetivos que motivan esa decisión. Asimismo, se ha remitido otra carta a la Ministra de Migraciones exigiendo la paralización de esta decisión. Ninguna de las cartas ha obtenido, a día de hoy, respuesta».
«Es preciso poner fin a este caos y es totalmente necesario que el gobierno se siente de una vez a dialogar con las Comunidades Autónomas, pactando emplazamientos y distribuciones adecuadas y que, mientras eso no se produzca, se paralicen los traslados de menores de unas comunidades a otras que exigen, además, por imperativo legal, la aceptación expresa de la comunidad receptora, con independencia de que sea un centro estatal y aunque se trate de menores solicitantes de asilo».