Trabajo llamará a sindicatos y patronal a reformar la indemnización por despido para adaptarla a Europa
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que convocará a sindicatos y empresarios para pactar cambios en la indemnización por despido en España. “Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea”, ha señalado. Sus declaraciones coindicen con la confirmación de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha concluido que la legislación española en materia de despido improcedente “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores”, tal y como adelantó EL PAÍS.
Así lo ha comunicado este lunes UGT, el sindicato que interpuso una reclamación ante este organismo del Consejo de Europa. Ya era conocido el sentido de esta decisión, pero ni el sindicato ni el Gobierno podían comentarlo por el embargo que pesaba sobre el fallo. “Los empresarios que quieran despedir a un trabajador sin causas objetivas no deben de saber cuál es el coste que tiene para ellos la indemnización. Si saben cuál es el coste, la indemnización en sí pierde valor efectivo”, ha defendido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
La decisión del Consejo de Europa cobra aún más importancia política por una de las promesas de PSOE y Sumar en su programa de Gobierno: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea”, indicaba el acuerdo para un Ejecutivo de coalición. El organismo europeo encargado de interpretar la Carta, que España ratificó en 2021, es precisamente el CEDS, lo que mete presión para acometer la reforma del sistema tasado español, que establece un máximo de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Aunque aún no se haya cambiado la normativa, ya hay jueces que han otorgado indemnizaciones por encima de ese tope basándose en el texto europeo, como legislación superior y que aplica en España.
Díaz ha recordado que la reforma del despido en base a la Carta Social Europea “está contemplada en el pacto de Gobierno”. “Es clave que lo que es fuente de derecho, como hemos hecho en otras ocasiones, forme parte de nuestra legislación”, ha asegurado. Su intención es abordar el tema una vez termine la negociación de la reducción de jornada y la del estatuto del becario.
En una entrevista con EL PAÍS publicada este lunes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resta importancia a la decisión del Comité: “Es consultivo y hay muchos temas consultivos que no se atienden. Entre otros, España está en estos momentos en la Organización Internacional del Trabajo entre los 20 países que se saltan los acuerdos sociales. De eso no se habla. Los acuerdos políticos son respetables, yo no les quito legitimidad, pero a nosotros no nos obliga”, indica el dirigente de la patronal.
Apenas han trascendido opiniones de la parte socialista del Gobierno al respecto, pero sin duda muestra mucho menos entusiasmo que el grupo de Díaz ante un posible cambio. En la pasada legislatura, el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que estaba “muy cómodo” con el sistema “en los términos en los que está en este momento”. Aunque la decisión del CEDS comprometa políticamente a PSOE y a Sumar, no es seguro que tengan los números parlamentarios para afrontar una reforma. El acuerdo de los dos partidos también prometía “reforzar la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
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