Educación propone un Pacto de Estado para prohibir el móvil en Primaria durante el horario de clase>

Alegría dijo que «propondrá que en Educación Primaria no se use el móvil en horario lectivo, lo que incluye el recreo. Y en Secundaria solo se usará en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera», explicó la ministra y también portavoz del Gobierno.

«Somos conscientes de la preocupación por el uso de los dispositivos móviles sobre todo en horario lectivo y lo hemos abordado. Desde el Ministerio llevamos tiempo trabajando con Save The Children o ANAR que nos han trasladado este debate. Somos conscientes de que tenemos que dar respuesta a la inquietud que tienen tantas familias. Por eso les he trasladado la necesidad de reunirnos en enero para buscar una solución consensuada para dar respuesta a ese tema», ha dicho la ministra.

Respecto a cómo se va llevar a cabo la propuesta y cómo esta se va a poner en práctica, "la idea es que la comunidades conozcan las propuesta del ministerio y también conocer lo que digan las comunidades. Si hay coordinación y acuerdo podremos dar una respuesta conjunta, luego tendremos que ver cómo se materializa desde el punto de vista legislativo", ha explicado Alegría.

Cabe aclarar que ya hay varias comunidades que tienen implementada esta medida. Es el caso de Galicia que en 2015 prohibió el uso de este dispositivo en las aulas de todas las etapas (Primaria, ESO, Bachillerato y FP) salvo que se trate de usos pedagógicos y con supervisión del profesor. La semana pasada, de hecho, la Xunta aprobó ampliar la prohibición a todo el recinto educativo, es decir, recreo, comedor, actividades extraescolares, entradas y salidas del centro, etc. con independencia de la etapa.

Por otro lado, los consejeros de Educación de las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP se reunieron a las puertas del ministerio (con la excepción solo de Canarias) para hacerse una foto de grupo y mostrar 'músculo' frente al Ejecutivo. Ya son mayoría frente a las del PSOE y eso les da 'superioridad' en cuanto a sus reivindicaciones.

Las comunidades del PP llegaban con una reivindicación muy concreta, que fue eclipasada por el anuncio de la ministra que salió antes de que termine la reunión a hacer el anuncio de los móviles. Las autonomías vinieron para pedir la prórroga (en el caso de Madrid la derogación) de la reforma de la Ley de la Seguridad Social que obligará a las empresas a cotizar por los becarios (alumnos universitarios y de Formación Profesional) a partir del 1 de enero. Solo los de FP afectados por la medida ascienden a 1.100.000 alumnos, según fuentes del Ministerio de Educación.

Pilar Alegría ha dicho que la medida «es buena para el tejido productivo y reconoció que hay preguntas respecto a la cuestión administrativa. Por primera vez ese millón de jóvenes realizarán sus prácticas bajo un paraguas que es el de la Seguridad Social»

El problema para las comunidades es más bien de gestión (no de dinero ya que será la Seguridad Social la que asuma el 95 por ciento del coste, mientras que del 5 por ciento restante se hará cargo el Gobierno, pero de este último porcentaje solo el primer año).

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa cuestiones que están sin resolverse, por ejemplo, cómo cotizarán los Erasmus si no se encuentran en España o qué ocurrirá con los alumnos desempleados, ya que la realización de estas prácticas supondrá el freno en el cobro de la prestación económica, entre otras cuestiones. También denuncian que la norma entra en contradicción con la propia ley de Formación Profesional ya que esta sostiene que se debe evitar la utilización inadecuada de las prácticas como actividad productiva y de carácter laboral. Sin embargo, la modificación de la Ley de la Seguridad Social pretende que los alumnos coticen por formarse, «por lo que entra en contradicción con los propios fundamentos del sistema formativo y laboral establecido en la Ley de FP», denuncia la comunidad dirigida por Ayuso.

«Nuestros estudiantes merecen un sistema serio, viable y fiable. Y este no lo es. Hemos solicitado que se convoque un comité técnico que estudie la mejor forma de implantar esta norma de la forma que sea beneficioso para el sistema y los alumnos. Con las condiciones actuales, se pueden producir efectos no deseados. Por ejemplo, y esto ya lo estamos viendo, que las empresas pierdan interés por contratar alumnos en prácticas, por lo que se pondría en riesgo el propio sistema», dijo por su parte Rocío Lucas, consejera de Educación de Castilla y León

El Gobierno ya había tenido que retrasar -hasta enero- la cotización de los becarios tras la petición de los rectores. Dicho aplazamiento se aprobó en junio de este año en Consejo de Ministros.