El detonante de la polémica ha sido la confirmación, por parte del portavoz de Frontex, Chris Borowski, de que España no ha solicitado el despliegue formal de la agencia en el archipiélago, si bien el Estado sí ha pedido apoyo en materia de vigilancia aérea. Las declaraciones contradicen lo afirmado por el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, quien defendió días atrás que Frontex «vigila las aguas de Baleares desde febrero», una afirmación que el PP y Vox califican de «mentira».
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han exigido la «dimisión inmediata» del delegado por «haber engañado a los ciudadanos y al Senado». «Si nos mienten en algo tan fácilmente comprobable, ¿en qué más nos estarán engañando?», se preguntaba ayer Prohens. «¿Por qué no quieren proteger las fronteras? ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares para que nos desprotejan y nos vendan ante la inmigración irregular?», añadía la jefa del Ejecutivo balear, que acusa al Gobierno de Sánchez de «abandonar» el archipiélago ante una presión migratoria «sin precedentes».
Primer paso para la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares
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Galmés, por su parte, reclama que el Ejecutivo central «asuma sus competencias» y «no ignore más la gravedad de la situación». «El Gobierno de España es el responsable en materia de inmigración, no el Govern ni el Consell. No puede seguir mirando hacia otro lado», advierte.
Desde el Congreso, el diputado y portavoz adjunto del PP, José Vicente Marí, ha anunciado que el grupo popular solicitará la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión correspondiente para «dar explicaciones sobre todo lo tratado con las autoridades argelinas» durante su reciente viaje a Argel. «Tras siete años negando esta ruta balear y el papel de las mafias, Marlaska llega tarde, pero más vale tarde que nunca», ha subrayado el diputado ibicenco.
Marí ha sido especialmente duro con la gestión del Ejecutivo: «Primero se negaban a pedir la ayuda de Frontex y luego su delegado miente al Senado diciendo que estaba activado desde febrero. Es una vergüenza que Frontex haya tenido que desmentir al Gobierno de España, que va de ridículo en ridículo».
Por todo ello, el PP ha reiterado su exigencia de dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, «más preocupado por defender al sanchismo que por proteger a los ciudadanos de las Islas», en palabras de Marí. «Su única aportación ha sido llenar los puertos de barracones y lanzarse a una gira mediática atacando a las instituciones que debería apoyar. Si no se va por su propio pie, deben cesarlo de inmediato», ha añadido.
«Verdad incontestable»
El delegado del Gobierno, por su parte, ha respondido defendiendo que la vigilancia de Frontex sobre las aguas del archipiélago es una «verdad incontestable», aunque ha considerado «una estupidez pensar que detendrá el flujo migratorio». Rodríguez acusa a Prohens y a Galmés de «tergiversar» las palabras del portavoz de Frontex y reprocha al Govern que utilice la crisis migratoria «para tapar otros debates más urgentes, como la vivienda, las listas de espera o la masificación turística».
Según ha explicado en una comparecencia ante los medios, no existe «ninguna contradicción» entre lo afirmado por el Ministerio del Interior y lo dicho por él mismo en el Senado la pasada semana: «Han elevado una parte de la declaración para decir que miento. Frontex no devuelve pateras a su origen, sino que localiza embarcaciones y ayuda a salvar vidas».
Mientras tanto, el número de llegadas sigue creciendo. Solo en lo que va de año, más de 6.000 personas han alcanzado las costas Baleares en patera, superando ya las cifras de todo 2024 y saturando los centros de acogida y los recursos de las fuerzas de seguridad. Todo apunta a que el debate sobre el papel de Frontex y la gestión de la frontera marítima seguirá ocupando un lugar central en la política balear durante las próximas semanas.