El informe de los fiscales del Supremo sostiene que Tsunami era un grupo “terrorista” y Puigdemont su líder “absoluto”
La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts y prófugo en Bélgica desde 2017, asumió el “liderazgo absoluto” de Tsunami Democràtic, “un grupo organizado de carácter terrorista”. Y por tanto, sostiene, “no cabe duda alguna” de que los hechos investigados en el caso Tsunami que instruye la Audiencia Nacional “encajan perfectamente” en el delito de terrorismo. Se trata de la principal conclusión del escrito redactado por el fiscal de Sala jefe Fidel Cadena, que plasma el sentir mayoritario de los fiscales del tribunal. Cadena ha remitido el informe a la número dos de la Fiscalía, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, que será quien decida si el ministerio público pide o no a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que impute a Puigdemont por terrorismo.
El documento apunta a “la pluralidad de indicios” sobre Puigdemont, que “acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas” de Tsunami, un movimiento al que describen como ”un grupo organizado de carácter terrorista”. Añaden los fiscales que el expresidente catalán pudo retirar su “apoyo carismático” al movimiento cuando se desataron los disturbios en Cataluña en otoño de 2019, pero, “lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento” . Solo en los primeros cinco días de disturbios, esas protestas dejaron 182 heridos —entre ellos, dos policías nacionales heridos de gravedad— y 83 detenidos.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, investiga desde hace cuatro años la existencia de posibles delitos de terrorismo en los disturbios de 2019. El pasado noviembre, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y Junts para amnistiar a todos los encausados del procés, García-Castellón dictó un auto en el que apuntaba por primera vez a la presunta implicación de Puigdemont —así como de la líder de ERC, Marta Rovira, y de 10 personas más— en ese caso. Como Puigdemont y otro de los señalados están aforados en función de sus cargos públicos, ha de ser el Tribunal Supremo quien decida si los imputa o no. Para tomar esa decisión, ha pedido opinión a la Fiscalía. Una opinión que no es vinculante; es decir, será el Supremo quien, diga lo que diga la Fiscalía, tendrá la última palabra.
La Junta de Fiscales del Supremo estudió esta cuestión el pasado 6 de febrero y, por 12 votos a 3, consideró que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami. Además, por 11 votos a 4, la Junta concluyó que Puigdemont debe ser imputado. Aunque la posición a favor de imputar a Puigdemont por terrorismo fue muy mayoritaria —y compartida por fiscales del sector conservador y del progresista—, los dos jefes de Sala manifestaron posiciones contrarias: Fidel Cadena votó a favor de la imputación y Joaquín Sánchez-Covisa votó en contra. Por eso, la decisión ha sido elevada a la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que será quien emita el informe definitivo. Para hacerlo tendrá en cuenta la opinión de la Junta de Fiscales del Supremo pero también la del fiscal de la Audiencia Nacional que lleva cuatro años investigando el caso, Miguel Ángel Carballo, que no ve indicios de terrorismo ni considera que deba imputarse a Puigdemont. En todo caso, una vez se pronuncie la Fiscalía, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que dictamine si Puigdemont es o no imputado.