Los expulsados de Muface: «Con mi enfermedad ya no me hacen un seguro»

José Luis de Perosanz Almajano lleva 40 años siendo atendido por los mismos profesionales a través de una aseguradora privada por Muface. Así lo eligió cuando comenzó a trabajar en el sector de la educación, pues por su condición de empleado público tenía ese derecho. Ahora, a sus 65 años, ya jubilado, ve cómo, después de décadas en las que apenas ha utilizado el servicio por no necesitar atención sanitaria más allá de los típicos resfriados o virus, cuando más lo está empezando a necesitar puede perderlo. «Ahora es cuando van saliendo los achaques y cuando aunque sea por prevención tengo que ir haciéndome revisiones. Esto se va a deshacer completamente», lamenta en conversación con ABC.

«Inquietud» es la palabra que más repite cuando explica cómo está viviendo las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras. Los profesionales que le atienden, apunta este profesor jubilado, son los mismos desde hace años. Ya lo conocen, tienen su historial médico, le han hecho las pruebas pertinentes... «Mi urólogo ya sabe lo que me pasa, me ve todos los años. ¿Ahora tendré que ir al médico de cabecera para que me dé cita para ir a otro especialista», se pregunta. Cambiar de centros y de médicos, afirma De Perosanz, supondría un desajuste en su vida. Además le preocupa que, en caso de que no haya acuerdo y el convenio desaparezca, sus datos lleguen correctamente al servicio de salud que pase a atenderle. «Nuestro sistema es muy fragmentario, no es que tengamos nuestro historial centralizado como en la Seguridad Social. Nosotros vamos al urólogo en un sitio, al médico digestivo en otro, los chequeos nos los hacen en otro, etc. Cuando oigo algunas declaraciones que dicen que no nos preocupemos, que importarán nuestros datos... yo creo que es algo complicadísimo», lamenta.

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Teme también cómo afectará a la sanidad pública el hecho de que, si finalmente no hay acuerdo, los funcionarios que ahora mismo son atendidos por las aseguradoras privadas recaen en el sistema. «No me imagino lo que pasará si desembarcamos en la sanidad pública, que ya está como está, todas estas personas. Parece que los usuarios importan poco», dice. Pero tampoco tiene claro si, en caso de querer continuar con la atención privada, una asegura le aceptaría a su edad. Y en caso de hacerlo, cree que el coste sería importante. «Comprendo que si ahora voy y quiero asegurarme me van a cobrar un precio que no sé si podré asumir, porque ya no tengo 30 años», dice. Y trata de acabar también con el discurso de que los mutualistas son unos privilegiados por contar con este sistema respecto al resto de la población. «Hay mucha gente que no entiende bien cómo funciona Muface. Hay luces y sombras. Nosotros entramos con unas condiciones al sistema y no sé si es muy ético cambiarlas en medio del partido. Además mucha gente no sabe que mientras un jubilado de la Seguridad Social apenas paga por sus recetas nosotros continuamos pagando exactamente lo mismo que cuando estamos en activo», afirma. Tampoco entiende por qué esta situación se da en este momento: «No sé si hay realmente un problema tan urgente y tajante para hacerlo de esta manera».

De Perosanz está pendiente de una operación de rodilla que confía en que le harán, pero no las tiene todas consigo por cómo evolucione la negociación. Tiene esperanza de que se solucionará porque, considera, «no es un tema logístico, es ideológico, porque hay un sector del Gobierno que entiende que los que tenemos este sistema somos privilegiados y creo que no lo entiende bien». Pero lo cierto es que las aseguradoras ya están retrasando o cancelando citas a los mutualistas, tal como denunció recientemente CSIF. El sindicato ha presentado esta semana un centenar de quejas recibidas por usuarios del modelo ante el Defensor del Pueblo y también ante los diputados del Congreso. Ayer, organizó una manifestación en Madrid contra el fin del modelo que reunió a 35.000 personas según la central, una cifra que la Delegación del Gobierno rebajó a 6.000.

La falta de un acuerdo también inquieta mucho a Sandra Nombela, profesora. En su caso la edad no sería un problema para poder continuar en su aseguradora privada si el concierto con Muface no se renueva, pues tiene 45 años, pero sí lo es la enfermedad que tiene: hace dos años le diagnosticaron un linfoma que está creciendo y que, por tanto, requiere de tratamiento. En un primer momento los profesionales pensaron en tratarla con quimioterapia, pero el hospital en el que la tratan, a través de una aseguradora privada por Muface, le dio la opción de hacerlo con inmunoterapia a través de un ensayo clínico.

Actualmente le quedan 18 meses de tratamiento, de manera que lo primero que se le pasó por la cabeza cuando empezaron las dudas sobre la renovación del convenio es qué pasaría con ella. «Me puse en contacto con la hematóloga y me tranquilizó, me dijo que en mi caso no habría problema porque el ensayo clínico lo financia una empresa, así que seguiría», relata. Pero su preocupación continúa por el seguimiento que se le dará una vez termine con la inmunoterapia: «¿Qué pasará con mi seguimiento cuando termine el ensayo clínico?», se pregunta.

A Nombela siempre la atienden las mismas profesionales, tanto médicos como enfermeras. Son las que han tratado su enfermedad desde el principio y le gustaría seguir con ellas. Pero ya se ha informado para saber si podría ser así y en su caso, esa opción no existe. «Me tratan en un hospital privado. He preguntado a la aseguradora si me podría hacer el seguro de manera privada y no tengo esa opción por mi enfermedad. Si estás enfermo o tienes cierta edad ya no te aseguran y es el caso del 37 por ciento de los mutualistas», lamenta.

La sanidad pública sería su única opción. No le parece mal, pues defiende que España cuenta con un buen sistema sanitario público, uno de los mejores del mundo, pero critica la falta de información que se les está dando sobre la situación. «He estado 15 días sin dormir y con un nudo en el estómago», afirma. Continuamente le viene a la cabeza la odisea por la que tendrá que pasar si finalmente no se renueva el concierto, con más pruebas que durante este tiempo ya le han hecho, más consultas, derivaciones a especialistas, etc.

El «trastorno» que provocaría el fin de Muface en casa de Diego Sastre, de 33 años, también sería «grande». Tanto él como su mujer son profesionales de la enseñanza y acuden, junto a sus hijos, a la sanidad privada. En total, cinco personas. «Tendrían que pasar todos nuestros historiales e informaciones. ¿Eso se podría hacer? Lo veo como un callejón a oscuras en el que no sabes lo que hay al final», dice. E insiste en el desorden que supondría tener que pasar de nuevo por revisiones, consultas y derivaciones que ya ha tenido con su aseguradora privada. «Lo ralentizaría todo muchísimo», critica.

Si no hay acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, apunta este profesor, tanto él como su familia aterrizarían en un primer momento en la sanidad pública. Aunque no descarta que tarde o temprano todos o alguno de ellos se mude a la privada, pues le preocupa el colapso que se pueda generar en el sistema. «El colapso en la sanidad pública ya existe a día de hoy y si encima vamos a llegar todos los funcionarios, aumentará», augura. A su juicio, Muface es el sistema que a día de hoy permite la sostenibilidad del sistema sanitario. «Si nosotros llegamos a saturar un sistema que ya está muy saturado lo que provocaremos es una brecha muy grande», concluye.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad (que no tiene competencias en la renovación del concierto) ya ha hecho sus cálculos para valorar la entrada de los funcionarios en la pública. Según un informe que elaboró hace unas semanas, el departamento que dirige Mónica García ve «tanto viable como razonable» que los mutualistas pasen a ser atendidos en el sistema sanitario público. Sus estimaciones sitúan en poco más de un millón los trabajadores públicos que son atendidos por aseguradoras privadas a través de este modelo, el 67,3% del total de funcionarios. Su traspaso, puntualiza el texto, supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que acuden a la pública.