Un tribunal del Reino Unido decide hoy si da luz verde a la extradición de Assange a Estados Unidos

Los magistrados británicos que escucharon durante dos días de febrero las razones en contra y a favor de dar luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos anunciarán este martes su decisión, a las 10:30 (11:30 en horario peninsular español). Victoria Sharp y Jeremy Johnson han estudiado la petición del cofundador de Wikileaks, recluido desde hace cinco años en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh, para intentar recurrir por última vez ante los tribunales del Reino Unido su entrega a Washington. La extradición fue decidida en 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

La Fiscalía estadounidense pretende imputar al antiguo hacker por 17 delitos contra la Ley de Espionaje de 1917 y por uno más de intromisión en un ordenador. Los abogados del exeditor de Wikileaks han defendido que la naturaleza de las ofensas contempladas en una ley tan anacrónica es política —lo es el acto de espionaje, han alegado—, y que, por tanto, no se contempla dentro del tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos.

La causa contra Assange se ha convertido en una causa mundial, que ha recabado apoyos al editor de Wikileaks por parte de gobiernos, instituciones y personalidades relevantes. La campaña internacional organizada para impedir la extradición a Estados Unidos de la persona que representa hoy más que nadie la necesidad de defender la libertad de prensa llevó durante esos dos días de febrero ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia en Londres a importantes políticos y activistas comprometidos con la batalla del equipo jurídico de Assange.

La presión de la campaña a favor de su liberación no está tanto dirigida hacia los jueces que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y británico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecución.

“Esto nunca tuvo que ser un asunto dilucidado en los tribunales. Y no tiene por qué seguir recorriendo ese camino. Sigamos pidiendo a EE UU que libere a Assange”, proclamó ante los centenares de manifestantes concentrados durante 48 horas ante el tribunal Rebecca Vincent, responsable de la campaña para la liberación del exhacker en nombre de la organización Reporteros Sin Fronteras.

La vía de Estrasburgo

En el caso de que los dos magistrados permitan la extradición de Assange, la entrega podría realizarse de modo inmediata. El equipo jurídico del editor contempla la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), para obtener una orden de suspensión automática antes de decidir si acepta estudiar el caso. Pero incluso si obtuvieran de esta institución una orden de suspensión de la entrega, está por ver cuál sería la reacción del Gobierno británico de Rishi Sunak.

Son precisamente esas órdenes del TEDH las que paralizaron los intentos de Londres de deportar a inmigrantes irregulares a Ruanda. Downing Street y el ala dura del Partido Conservador se han conjurado desde entonces a ignorar esos requerimientos, aunque suponga desobedecer la legalidad internacional.

La mujer del preso más famoso de los últimos años, Stella Assange, ya señaló a EL PAÍS, en una entrevista horas después de que concluyera la vista en el tribunal, que la extradición a Estados Unidos era un riesgo para la vida del cofundador de Wikileaks. “Puede morir, porque podría acabar siendo condenado a la pena de muerte. El propio Gobierno británico ha admitido que es incapaz de garantizar que no lo vayan a matar”, señaló la abogada especializada en derechos humanos, que tiene dos hijos de cinco y seis años con Assange.

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