El alquiler, trampa de la pobreza: el 45% de los inquilinos en España vive en riesgo de exclusión, la cifra más alta de la UE

«El IX Informe FOESSA llega en un momento histórico de profunda complejidad», ha explicado Peiró durante la presentación. «Tras décadas de transformaciones aceleradas que han reconfigurado la estructura social, económica y territorial del país, nos encontramos en una encrucijada que define no solo el presente, sino el horizonte de las próximas décadas. Aspiramos a que este estudio ayude a comprender esta realidad compleja y a identificar las palancas necesarias para situar la justicia social y el bien común en el centro de nuestro proyecto colectivo», ha añadido.

Cáritas alerta de que la mitad de las personas que atiende tiene problemas para mantener una vivienda

José Ramón Navarro-Pareja

La organización invirtió 486,9 millones de euros en 2024 para apoyar a más de 2,1 millones de personas

Uno de los mensajes más rotundos del informe es que la pobreza no es sinónimo de pasividad. «El mito de que las personas en situación de exclusión viven de prestaciones sin buscar soluciones es falso. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema», ha afirmado Flores. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa están activando estrategias de inclusión —buscan empleo, se forman, ajustan gastos, tejen redes—, pero se topan con barreras estructurales, recursos escasos y sistemas fragmentados. Según el informe, en solo tres años, la activación de estos hogares ha pasado del 68% al 77%, lo que demuestra que el esfuerzo individual choca contra un modelo que no ofrece salidas reales.

Los dos grandes motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. Pero el dato más alarmante lo aporta el primero: el 45% de las personas que viven en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de toda la Unión Europea. «La vivienda es hoy el factor que está reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias», ha advertido Flores. El alquiler, más que una alternativa habitacional, se ha convertido en una trampa de pobreza que impide a miles de familias salir del círculo de la precariedad.

El empleo, pese a la mejora macroeconómica, ha perdido su capacidad protectora. Casi la mitad de la población activa (47,5%) vive en situación de inseguridad laboral, y más de un tercio de las personas en exclusión moderada o severa trabaja. «Estamos ante un mercado laboral que ya no integra, sino que reproduce la desigualdad», ha añadido el coordinador del informe.

El factor salud emerge como otro determinante de la desigualdad. El estudio revela que el 6% de las familias vulnerables con enfermedades graves no recibió atención médica el último año, el doble que en el conjunto de la población. La salud mental también se resiente. Los diagnósticos por depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa.

«Cuando el sistema público se atasca, retrasa la detección de enfermedades o no cubre la salud mental, la única alternativa es el pago. Un derecho fundamental se convierte entonces en un privilegio», ha subrayado Flores. El informe lo resume con crudeza: «La desigualdad también se mide en años de vida».

La educación es otro eje multiplicador. El informe demuestra que la Educación Secundaria Obligatoria ya no protege frente a la exclusión. «El cortafuegos contra la pobreza se ha desplazado al Bachillerato y a la FP», apunta el texto. Quienes no completan estudios superiores a la ESO multiplican por 2,7 su riesgo de caer en exclusión severa.

El origen familiar refuerza esa desigualdad: los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de ser pobres que los de progenitores con formación superior. «La exclusión social se hereda. El código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad o el esfuerzo», ha recordado Flores. En conjunto, el informe lanza una advertencia: el modelo meritocrático se tambalea frente a la evidencia de una sociedad cada vez más condicionada por el punto de partida.

El Informe FOESSA también señala a las mujeres como las principales afectadas por la fractura social. Los hogares encabezados por mujeres han pasado de un 17% de exclusión en 2007 a un 21% en 2024, y en el caso de las familias monoparentales, la cifra se dispara al 29%. «Las mujeres asumen una doble e invisible carga: la precariedad laboral y la brecha salarial fuera del hogar, y el trabajo de cuidados dentro. La falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina», advierte el estudio.

Tampoco la inmigración escapa a la desigualdad estructural. Casi la mitad (47,4%) de la población de origen inmigrante vive en exclusión, una tasa que triplica la de la población autóctona. Entre las personas en situación irregular, el porcentaje sube al 68%. «No se trata de un problema de origen, sino de barreras estructurales y políticas fallidas», ha insistido Flores.

La lentitud de los trámites administrativos deja a miles de personas en un limbo, mientras la discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, afectando especialmente a la población africana. «España necesita una política pública de integración ambiciosa y transversal desde el primer momento. La integración no puede ser un privilegio, sino una prioridad nacional», ha subrayado el coordinador del informe.

El informe FOESSA también se adentra en describir una sociedad «ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada». La huella ecológica de España triplica la capacidad del territorio: si todo el mundo viviera como los españoles, harían falta 2,5 planetas. «Esta crisis ecológica no es un problema aparte; es una 'metacrisis', una crisis sistémica y universal que agrava todas las demás», ha explicado Flores. Los hogares con mayores ingresos consumen hasta cuatro veces más energía y transporte que los de bajos recursos, mientras 1,8 millones de hogares sufren vulnerabilidad energética.

De esta forma, Cáritas y FOESSA se alinean con los postulados ecológicos del Papa Francisco, quien advierte desde 'Laudato si'' del vínculo entre la crisis ambiental y la desigualdad social. «No podemos seguir viviendo de espaldas a los límites del planeta», ha recalcado en ese sentido el coordinador del informe.

La suma de todos estos factores dibuja una sociedad fracturada, en la que el individualismo sustituye a la solidaridad y el miedo a la exclusión se convierte en un modo de vida. «Vivimos en una sociedad fragmentada, donde el individualismo rompe la red comunitaria y nos aísla. Cuando la conciencia del riesgo no genera acción colectiva, sino repliegue, la esperanza se quiebra», ha lamentado Flores.

Pese a todo, el informe detecta signos de resistencia: movimientos sociales, redes vecinales y comunidades que siguen tejiendo vínculos. En ellas ve FOESSA la base de una posible regeneración. «Esta no es una crisis juvenil o económica, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos. Pero existe una voluntad de transformación, una negativa a resignarse que necesita expandirse», añadió.

El informe concluye con una advertencia: seguir haciendo lo mismo llevará al colapso social y ecológico. Propone 85 medidas concretas en materia de empleo, vivienda, ingresos, educación, salud, cuidados o transición energética, pero insiste en que las reformas técnicas no bastan.

«Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado», ha sostenido Flores. «No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos unos de otros y de la naturaleza. Cuidarnos mutuamente y cuidar nuestro entorno es avanzar hacia una democracia del cuidado», ha añadido.

Para Cáritas, ese giro implica pasar del bienestar individual al «biencuidar» colectivo. «Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos lleva a una sociedad del miedo. O podemos elegir un cambio valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario», ha concluido Flores.

El Informe FOESSA, elaborado por 140 investigadores de 51 universidades y centros de investigación, se basa en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), con datos de 12.289 hogares recogidos en 2024.