Feijóo denuncia la escalada de «impunidad» por «intereses personales» de Sánchez
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Los de Santiago Abascal se han declarado cerrados aliados del inquilino de la Casa Blanca y defienden que los problemas para la soberanía de España y su economía vienen de Bruselas y no de Washington. Además, son aliados del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, crítico con la política de la Unión Europea respecto a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania.
Por su parte, el PP intenta situarse en un complicado equilibrio entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Vox. «No son razonables ni los comportamientos de feroz confrontación que escuchamos del PSOE ni el silencio cómplice de Vox», denunció este viernes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, sobre la «guerra comercial» anunciada por Donald Trump. «La Unión Europea debe defender los intereses de sus países miembros desde la diplomacia y la inteligencia», reivindicó.
La respuesta de Vox no tardó en llegar y el propio Abascal difundió un vídeo acusando a los populares de «alinearse» con Sánchez y situarse «contra Trump». «Hay que estar con aquellos que en Europa defendemos la paz, el fin de la agresión rusa, la protección de nuestras fronteras y la prosperidad de agricultores y trabajadores», sostenía en la grabación llamando a la unidad «del mundo libre». «Señor Feijóo, Vox no tiene ningún tipo de acuerdo con Putin», apostillaba.
Este es solo el último capítulo de una tensa relación que se reproduce con cada asunto que salta al debate político. Más allá del cruce de declaraciones, su versión práctica se refleja en las comunidades autónomas, donde más de seis meses después de que Vox abandonara los gobiernos que compartía con el PP, la relación entre ambos partidos sigue siendo muy tensa. Las negociaciones que han copado el tira y afloja durante los últimos meses han sido las relacionadas con los Presupuestos regionales para 2025. Y no parece que ninguno de los dos partidos esté dispuesto a rebajar sus exigencias.
Vox ha dejado claro desde hace semanas que el motivo que les llevó a abandonar los ejecutivos de coalición, la acogida de menores extranjeros no acompañados, sigue siendo un pilar fundamental de su programa. Y por tanto no habrá ningún pacto con los populares si no hay una rectificación en su política migratoria.
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Además, los de Santiago Abascal han incluido entre sus líneas rojas el denominado Pacto Verde que el PP suscribió en Bruselas y que, denuncia Vox, «impide a España explotar sus recursos y perjudica a agricultores y ganaderos».
Pero a Vox ya no le sirve un compromiso verbal y ni siquiera un pacto escrito, que denuncia que los populares han incumplido ya reiteradamente. Quiere una declaración pública del Partido Popular desmarcándose de las políticas climáticas europeas y cerrando la puerta a la acogida de menores inmigrantes. Un acto de contrición que Vox pretende que haga cada presidente autonómico que quiera sus votos para sacar adelante los Presupuestos regionales.
Hay regiones en las que toda conversación está rota, otras en las que el clima es bueno y un tercer grupo en el que ni siquiera se han abordado las negociaciones. Extremadura y Baleares son las dos comunidades en las que el Partido Popular y Vox han dado por zanjadas las conversaciones y las presidentas populares han descartado la posibilidad de pacto. En Castilla y León, por ejemplo, los lazos están rotos. Mientras, en Vox aseguran que hay otras regiones como Murcia, la Comunidad Valenciana o Aragón en las que relaciones son buenas. Pero en este caso culpan a Génova de impedir a sus presidentes acordar con el PP.
Un caso especial es el de la Comunidad Valenciana, donde Vox en todo momento ha dejado abierta la puerta a pactar las Cuentas públicas dada la situación extraordinaria generada por estragos causados por la dana que asoló la comunidad. Sin embargo, las palabras del vicepresidente valenciano Francisco José Gan Pampols a favor de la regularización de las personas inmigrantes afectadas por la riada han complicado las conversaciones. Vox también desconfía de la propuesta de la Generalitat para la escolarización y exige que Carlos Mazón garantice la posibilidad de que todos los alumnos reciban clases en castellano.