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El responsable del supervisor bursátil ha puesto de manifiesto que las inversiones de los españoles se dividen de la siguiente manera: depósitos (38%), fondos (15%), fondos de pensiones (4%), inversión directa (32%) (letras y bonos, renta variable y otro tipo de participaciones) y otros instrumentos – seguros y otros- (11%); en el caso de los fondos, las carteras suelen ser conservadoras. «El ahorro de los españoles no parece muy alineado con la cartera ideal para necesidades de largo plazo, como el complemento para la jubilación. En esto no somos muy distintos de la media de los europeos, que tienen problemas muy similares», ha indicado en la Cámara Baja.
En este sentido, ha destacado como «prioridad» la potenciación del ahorro a largo plazo en instrumentos financieros de los españoles. Y ha destacado también como fundamental que más compañías «capten recursos directamente en los mercados, como complemento del crédito bancario. Y en este sentido es una magnífica noticia el reciente anuncio de una gran empresa española radicada en Cataluña (en referencia a Puig) para salir a Bolsa en las próximas semanas».
La estructura de financiación de las empresas es el otro gran problema que ve Buenaventura en los mercados. «Nuestras empresas van a tener muy difícil financiar las inversiones que necesitan acometer», ha indicado, en referencia a la excesiva dependencia que tienen del crédito bancario.
El presidente de la CNMV ha recordado que las empresas van a necesitar un volumen de inversión y por lo tanto de financiación «inaudito en la próxima década»; concretamente, de alrededor de 50.000 millones de euros adicionales cada año en la próxima década. Todo para el despliegue de la transición energética, la digitalización y la inversión en defensa.
«Tenemos un problema en España y en el resto de Europa que es la dependencia bancaria que tienen nuestras empresas para financiarse. A diferencia de las empresas norteamericanas, las empresas españolas dependen tres veces más del crédito bancario que sus competidores estadounidenses y no complementan ese crédito con financiación en mercados», ha destacado.
A su juicio, las consecuencias de todo esto son que «la estructura de los balances de las compañías españolas y europeas es más débil que la de sus competidoras estadounidenses» ya que dependen «casi en exclusiva de cómo evolucionen las condiciones de crédito bancario de los bancos españoles».
Buenaventura también se ha referido a los riesgos de las criptomonedas, pese al intento de regulación europea. Según datos de una encuesta encargada por la CNMV, en torno a un 7% de los españoles tienen o han tenido criptomonedas. «Si tuviese que destacar un riesgo sobre los demás, sería que los inversores concluyan erróneamente que una vez que estén regulados y supervisados los proveedores de criptoactivos a partir de diciembre, las criptomonedas pasarán a tener el mismo nivel de regulación, supervisión y protección que los instrumentos financieros», ha dicho.
El presidente de la institución ha alertado sobre que estos activos «seguirán siendo, incluso cuando estén reguladas, productos extremadamente arriesgados, poco recomendables para el inversor minorista y con un nivel de protección del inversor muy inferior al de los productos financieros», para añadir que es fundamental realizar «un esfuerzo conjunto en la sociedad española para alertar al inversor de esa circunstancia y evitar que pasemos a la euforia pensando que ahora es seguro invertir en criptomonedas».
Más allá de ello, también relacionado con la protección del inversor, el jefe del supervisor bursátil ha recordado que su modelo de protección a los clientes financieros ideal no es el que pretende implantar el Gobierno con la creación de la nueva Autoridad del Cliente Financiero.
Pero partiendo de la base de que ahí ya no hay marcha atrás, con la norma en tramitación parlamentaria, ha pedido un encaje «armonioso y funcional» de esta nueva autoridad con el resto de supervisores. «Es vital que haya mecanismos fluidos de interacción entre supervisores y el defensor del cliente. Y que este, al resolver las reclamaciones o unificar doctrina, lo haga con criterios plenamente consistentes con los criterios de supervisión que aplicamos día a día los supervisores», ha destacado.