Hay líneas rojas, defienden la mayoría de las organizaciones sindicales que componen la mesa de negociación (el sindicato de enfermería Satse, CCOO, UGT, CSIF y CIG Saúde), para lograr un acuerdo. En primer lugar, explica Laura Villaseñor, presidenta de Satse, reclaman una clasificación profesional «con todos sus efectos». «No vale solo con el cambio de nombre, sino efectos también a nivel retributivo, de acceso a puestos, etc.», señala. Exigen también que el texto regule la jubilación anticipada parcial para el personal que trabaja en el sistema sanitario y la implantación de la jornada de 35 horas para todos los trabajadores. «Aunque parece que el ministerio tiene prisa, por nuestra parte creemos que esta no debe ser la última reunión ni se puede dar por cerrada la negociación», asegura Villaseñor.
Pero Sanidad, prosigue la presidenta de Satse, se escuda en que esas medidas no forman parte de sus competencias, sino que corresponden a otros ministerios. «Es una ley que afecta a todo el personal estatutario y entendemos que nosotros no negociamos con Sanidad, sino con el Gobierno de España», lanza Villaseñor. Por ello, los sindicatos reclaman que el departamento de Mónica García acuerde con los ministerios de Hacienda, Función Pública y Seguridad Social un texto que recoja esos cambios para ser revisado durante la segunda quincena de septiembre. Además, insisten en que el Ejecutivo debe garantizar una financiación finalista, «evitando trasladar nuevos costes estructurales a unas comunidades autónomas ya tensionadas financieramente».
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Las organizaciones sindicales no descartan movilizaciones a partir de septiembre si el ministerio no les presenta un nuevo borrador que incluya esos puntos. Tampoco rechazan la idea de acabar yendo a una huelga por el Estatuto Marco, como ya hicieron la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz el pasado 13 de junio y planean repetir el próximo 3 de octubre. En el caso de los médicos, que solo cuentan con un representante en ese ámbito de negociación, reclaman ser ellos los que pacten sus condiciones, con un estatuto propio que recoja las singularidades de su profesión.
En las reuniones que el comité de huelga compuesto por CESM y el SMA han mantenido con Sanidad, afirma José María Soto, vicesecretario general de CESM y representante de los médicos en el ámbito de negociación, se han logrado algunos cambios respecto a los primeros borradores de Estatuto Marco presentados por el ministerio, como la eliminación de la exclusividad de trabajo en la pública para todos los médicos especialistas durante los cinco primeros años de trabajo tras el MIR o la equiparación de la retribución de la hora de guardia a la de jornada ordinaria. Sin embargo, denuncian que quedan muchos aspectos por mejorar para que la norma cumpla sus expectativas, como es el tema de la jornada, pues el último texto de Sanidad sitúa en 45 el límite de horas de jornada semanales en promedio cuatrimestral. «Ahora mismo, es el colectivo dentro del sistema sanitario que realiza más horas y que trabaja en peores condiciones», lamenta Soto. El acuerdo, sostiene, queda todavía «muy lejos» y espera que el ministerio agende nuevos encuentros con el comité de huelga para seguir avanzando.
A esto se suma que algunos sindicatos médicos que no forman parte de CESM, como Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), Metges de Catalunya o la Asociación MIR España, agrupados bajo las siglas de Apemyf (Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo) han convocado una concentración que tendrá lugar el miércoles frente al Ministerio de Sanidad para denunciar que no se está teniendo en cuenta al colectivo médico durante la negociación de la norma.
La concentración coincidirá con el encuentro en el que Sanidad informará a las comunidades autónomas sobre el estado de las negociaciones, en el que se prevén discrepancias sobre la norma. Fuentes de la Comunidad de Madrid apuntan que la propuesta del ministerio es un «texto rígido, lesivo y regresivo, que empeora las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y, por ende, la calidad asistencial de la población». Es intervencionista, prosiguen las mismas fuentes, y no cuenta con un estudio económico, pues «introduce conceptos retributivos sin garantías de dotación presupuestaria por parte del Estado que, por sus competencias deberían estar incluidos en unos Presupuestos Generales». Para su elaboración, critican, se ha ignorado a los técnicos de las autonomías y no se han abordado «problemas de calado» como el relevo generacional o la falta de profesionales. Además, denuncian que es inviable analizar un documento de tal calado en una sola reunión.