El Congreso admite ahora la petición de una cuestión de confianza tras el pacto entre el Gobierno y Junts
El partido del prófugo Carles Puigdemont aceptó reformular su iniciativa para explicitar que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo y que aunque saliese adelante su petición, esta no tendría ningún efecto jurídico. El Gobierno, a cambio, solicitaba a sus formaciones, PSOE y Sumar, que diesen luz verde a la tramitación en la Mesa, después de que miembros destacados del Consejo de Ministros, como la vicepresidenta María Jesús Montero, hubiesen dicho que era inviable. En paralelo, los neoconvergentes comprometían su apoyo a un nuevo real decreto ley ómnibus reducido, con las medidas sociales que decayeron solo una semana antes, incluida la revalorización de las pensiones, pero sin las económicas, que se negociarán más adelante.
Puigdemont, el 9 de diciembre, exigió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza para encauzar sus maltrechas relaciones. Ese mismo día, su grupo parlamentario en el Congreso registró una proposición no de ley que le instaba a pasar por ese trance. Esa iniciativa no tiene ninguna consecuencia, porque las proposiciones no de ley no vinculan legalmente a nada, pero una cuestión de confianza real, en el caso de no superarse, obliga al presidente del Gobierno a dimitir. El secretario general del PSOE no quería abrir ese debate en ningún caso y de hecho ya dejó claro el martes pasado que no planteará ese extremo aunque acepte ahora discutir la propuesta de Junts para retomar sus conversaciones y buscar su apoyo a los presupuestos generales del Estado, aún en elaboración pese a haber arrancado ya el segundo mes del año.
Este diario adelantó las dudas jurídicas que planteaba la proposición no de ley en el cuerpo de letrados del Congreso, dado que, si bien no comportaba efectos jurídicos, la mera petición al presidente podía cuestionar la confianza de la Cámara Baja en él fuera de los cauces establecidos tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso. No obstante, el informe remitido a la Mesa por sus servicios jurídicos, tan extenso como ambiguo, abría la puerta tanto a la posibilidad de admitir a trámite la propuesta como de rechazarla. A ello se acogieron el PSOE y Sumar para no tomar una decisión en la primera reunión del órgano rector, en diciembre, e idéntica resolución adoptaron en enero ante el temor a que Puigdemont rompiese de forma definitiva con Sánchez. Ahora, tras el pacto entre el Gobierno y Junts, sí se acepta.
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