El ex primer ministro británico Boris Johnson recibió casi 280.000€ de Maduro en 2024
La filtración, publicada por 'The Guardian' y obtenida a través de Distributed Denial of Secrets (DDoS), una organización sin ánimo de lucro registrada en Estados Unidos que se dedica a recopilar, preservar y poner a disposición filtraciones de datos de interés periodístico y social, incluye correos electrónicos, facturas y contratos que apuntan a un uso difuso de la frontera entre el servicio público y la actividad privada, y ha desencadenado llamamientos para que se suspenda la asignación anual de 115.000 libras (unos 135.000 euros) que el ex primer ministro recibe del erario para mantener su oficina.
Entre los episodios más controvertidos que revelan los «Boris Files» se encuentra un encuentro con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en febrero de 2024, en el que Johnson habría asistido acompañado del gestor de fondos Maarten Petermann, cuyo vehículo de inversión, Merlyn Advisors, había firmado semanas antes un contrato con él. Pese a que Johnson aseguró públicamente que no había cobrado por esa cita, los archivos muestran que poco después de la reunión recibió 240.000 libras (unos 280.000 euros según el cambio actual) a través de Petermann. El hallazgo ha despertado sospechas de que Johnson utilizó su influencia política y diplomática para favorecer intereses financieros privados, en aparente contradicción con las normas que limitan la actividad de los ex primeros ministros en materia de lobby y negocios internacionales.
La filtración también detalla gestiones de Johnson con altos cargos saudíes, entre ellos el ministro de Comercio, Majid al-Qasabi, con quien se reunió en Londres en febrero de 2024. Según la prensa local, en esa cita el ex premier defendió los servicios de Better Earth, una consultora que copreside y que se presenta como especializada en transición energética. En una carta posterior dirigida al príncipe heredero Mohammed bin Salman, Johnson recordó encuentros previos durante su etapa en el gobierno y ofreció los servicios de la compañía para asistir a Arabia Saudí en la preparación de compromisos climáticos ante la cumbre de la ONU COP30. Los documentos sugieren que Johnson invocó tanto su experiencia como anfitrión de la COP26 en Glasgow en 2021 como su red de contactos para posicionar a la firma.
El comité asesor sobre nombramientos empresariales (Acoba), encargado de supervisar la conducta profesional de los ex ministros, confirmó a «The Guardian» que está examinando los nuevos indicios y que, de hallarse pruebas de incumplimiento, abrirá una investigación formal. Acoba ya había señalado anteriormente a Johnson por vulnerar las reglas que limitan el acceso de ex altos cargos a actividades empresariales inmediatamente después de dejar el gobierno.
El foco recae además sobre el esquema conocido como Public Duty Costs Allowance (PDCA), creado en 1991 para financiar con hasta 115.000 libras anuales los gastos administrativos derivados de las funciones públicas de los ex primeros ministros. Un portavoz del gabinete confirmó que Johnson ha reclamado 182.000 libras desde su salida de Downing Street, principalmente para costear los salarios de los tres empleados de su oficina. Sin embargo, los «Boris Files» muestran que esos trabajadores participaron también en actividades comerciales privadas, lo que plantea dudas sobre un posible desvío de recursos públicos.
La reacción política ha sido inmediata. Margaret Hodge, miembro laborista de la Cámara de los Lores y expresidenta del comité de cuentas públicas, declaró que la filtración sugiere que «Boris Johnson está dispuesto a incumplir los estándares éticos de comportamiento que todos asumimos como servidores públicos» y reclamó una investigación exhaustiva, así como una reforma del marco normativo sobre lobby y la denominada «puerta giratoria». También la portavoz de los Liberal Demócratas para la Oficina del Gabinete, Sarah Olney, instó al gobierno a suspender la asignación del PDCA mientras duren las pesquisas, calificando las acusaciones de «extremadamente graves». Otros diputados laboristas, como Joe Powell y Lloyd Hatton, insistieron en que los fondos públicos deben entenderse como un privilegio para funciones de servicio, no como un subsidio de intereses privados.
Los documentos muestran también que, entre octubre de 2022 y mayo de 2024, Johnson percibió cerca de 5,1 millones de libras por 34 conferencias en distintos países, con pagos individuales que en muchos casos superaron las seis cifras e incluyeron viajes en primera clase y estancias en hoteles de lujo. Aunque esta actividad no infringe en sí misma ninguna norma, la coincidencia entre estas giras remuneradas, la financiación pública de su oficina y la reutilización de contactos generados durante su etapa de primer ministro refuerza la percepción de un solapamiento entre funciones públicas y negocios privados.
Los «Boris Files» contienen, además, referencias a episodios ocurridos durante la pandemia, como una cena privada con Lord Brownlow, el donante que financió parte de la reforma del piso del ex premier de Downing Street, en noviembre de 2020, apenas un día después de la entrada en vigor del segundo confinamiento nacional. También se documentan visitas privadas a la residencia oficial en junio de 2020, como tras la celebración de cumpleaños por la que Johnson fue sancionado con una multa. Estos hechos plantean nuevas preguntas sobre su conducta en pleno período de restricciones sanitarias.
La situación entronca con precedentes en la política británica: Tony Blair fue cuestionado por asesorar a líderes de Kazajistán a través de su consultoría, mientras que David Cameron se vio envuelto en un escándalo de mayores proporciones por sus gestiones en favor de Greensill Capital. Sin embargo, no hay pruebas de que otros ex primeros ministros hayan utilizado directamente sus oficinas financiadas con fondos públicos para impulsar negocios privados.
Hasta el momento, Johnson no ha respondido a las reiteradas solicitudes de declaraciones enviadas por la prensa local e internacional.