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Fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso aseguran a este diario que sería ilegal no pagarle a Cerdán los seis meses de indemnización a los que tiene derecho por su tiempo como diputado. Otra cosa distinta sería, dicen, que hubiese una condena que comportase un embargo de bienes, pero no es el caso. El exsecretario de Organización del PSOE, sucesor del exministro José Luis Ábalos en el área, por ahora solo está imputado, por lo que la presunción de inocencia, insisten, prevalece.
El último informe conocido de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Cerdán en el epicentro de una trama de mordidas, junto a Ábalos y el exasesor de este Koldo García, a cambio de amañar la adjudicación de contratos de obra pública. Por eso, el PP había reclamado que no se le pagase la indemnización a la que tiene derecho como exdiputado y que el propio Cerdán pidió en el Congreso el viernes.
Existen varios precedentes de diputados que dejaron su escaño tras verse salpicados por distintos casos de corrupción, pero que recibieron su indemnización al renunciar a su acta. Es el caso de Luis Fraga (veintiún meses de indemnización), Luis Bárcenas (seis meses), Ana Mato (diecinueve meses), Jesús Merino (diez meses) y Alberto Casero (cuatro meses).