Prisión sin fianza para los cinco trabajadores de un centro de menores de Zaragoza por torturas y agresiones sexuales
Los acusados son dos educadores, dos auxiliares y el director del centro
Los hechos que se les imputan se produjeron en el centro situado en la céntrica plaza de Jesús de Ateca, un edificio de más de 40 años restaurado como centro para la acogida de menores que tienen trastornos graves de conducta y que llegan a estas instalaciones por autorización judicial.
La juez Ramírez ordenó el cierre provisional del centro a primera hora de la mañana, pero a este periódico les atendió al teléfono un trabajador del centro y se ha podido ver en la puerta entrada y salida de personas de limpieza y de mantenimiento del mismo.
El Gobierno aragonés ya ha ordenado la reubicación en otros centros del IASS (Instituto aragonés de Servicios Sociales) de la treintena de menores que alberga el lugar.
En los autos dictados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la instructora considera que existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se les imputan, conclusiones a las uqe llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas sobre las dos víctimas, "quien han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo". Al director lo acusa de tener conocimiento de la existencia de este maltrato.
El gran "tapador" de todos los delitos
Al director, Iván R.M., las víctimas han declarado "que tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta hacia los menores. Asimismo, relataron que el detenido protegía laboralmente a los restantes detenidos, puesto que nunca llevó a cabo ninguna sanción ni corrección de los mismos". A pesar de que en el pueblo dicen no tener conocimiento de lo que sucedía dentro, los menores relatan que las quejas eran continuas y que tras la denuncia de la progenitora del menor ante los agentes de la autoridad, el director lleva a cabo una investigación "incompleta y parcial".
Dos trabajadores del centro, la psicóloga que atendió al menor de 16 años golpeado presuntamente por los educadores, y el enfermero del centro, Javier Y., a quien el director pidió que falsificase un informe sobre el estado del menor y éste se negó, son cruciales en la investigación. Considera a Iván Rodríguez, por tanto, cooperador necesario de un delito contra la integridad moral.