La Fiscalía pide de 8 a 27 años de cárcel para los CDR acusados de terrorismo incluidos en la amnistía
Acusa por pertenencia, tenencia y fabricación de explosivos y estragos a los doce procesados por la Operación Judas
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La acusación popular pide hasta 33 años de cárcel para los CDR acusados de terrorismo en la operación Judas
En cambio, para el resto de procesados reclama ocho años de prisión, sólo por el primer ilícito. Son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budría y Clara Borrero. Para todos los acusados sí solicita penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos -en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre- por un tiempo que supere en diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.
El escrito, que el bufete Fuster Fabra ha registrado ante el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, recoge los indicios que recabó la Guardia Civil y que constan en el sumario de la causa. Sostiene además que fue el «caldo de cultivo del mal llamado 'conflicto catalán' el que produjo la radicalización de personas de diferentes contextos que decidieron dar el paso hacia acciones violentas».
«Así pues, en junio de 2017, tal y como ha sido conocido por la opinión pública, se empiezan a formar grupos, originados por la iniciativa denominada 'Escuelas Abiertas'. Estos grupos tenían como objetivo organizar logísticamente la consulta secesionista de octubre y se autodenominaban como los Comités de Defensa de la República (CDR)». Encargados, tal y como certificó el Instituto Armado, de «capitalizar la lucha callejera». Sostiene así el texto -de 70 páginas- que los CDR «constituyen una organización independentista de carácter criminal, dado que persiguiendo su objetivo de la secesión de Cataluña organizaban acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el territorio catalán».
La acusación popular también sostiene que «mantenían una organización estable y permanente en el tiempo, configurada y sostenida por la conjunción de grupos e individuos con roles y funciones específicamente definidas, que se relacionan a través de una jerarquía y coordinan entre sí, mostrando una unidad en la dirección y ejecución en sus acciones con el fin de cometer delitos». Dentro de los CDR, cada uno de sus integrantes, prosigue el escrito, estaba afiliado a una comisión local. Después apareció el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT).
Un subgrupo que pretendía «alcanzar la independencia de Cataluña por cualquier vía, incluidas las violentas, tal y como ellos mismos manifestaban. Se trataba de una comisión de menor tamaño y clandestina con gestión centralizada, ejercientes de un activismo reaccionario y subversivo, dispuestos a llevar a cabo, cooperar o facilitar actividades catalogadas como más radicales o sensibles». Entre las que se les atribuye, cortes de carreteras, vertidos de aceite para impedir el traslado de los presos del 'procés' desde la prisión catalana de Lledoners hasta Madrid para el juicio.