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La Seguridad Social deniega el paro a seis de cada diez autónomos
La concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos para continuar con la actividad económica y no acreditar de forma correcta las pérdidas son los dos motivos más frecuentes por los que se deniega una prestación que tiene una duración mínima de cuatro meses y máxima de dos años. Su duración media está en los seis meses.
Los datos del departamento que dirige Elma Saiz reflejan que se ha denegado al 60% de los que la han solicitado durante este año, porcentaje superior al 45% del pasado ejercicio. De las 7.781 solicitudes realizadas hasta mayo, las mutuas ha rechazado 4.698 peticiones, seis de cada diez. Resultados que no incluyen a todos aquellos autónomos que desisten de solicitar el cese de actividad por el alto grado de rechazo.
Los datos reflejan que lo recaudado por cotizaciones supera holgadamente a los pagos. El pasado año el sistema ingresó 370,35 millones de euros por este cese y sólo destinó a pagar prestaciones 112,82 euros. Las solicitudes fueron 23.961, de las cuales 10.945 se rechazaron, es decir que casi la mitad no llegaron a buen puerto, el 45% concretamente.
En estos momentos, el saldo del fondo con las reservas del cese de actividad -Reservas de Estabilización por Cese de Actividad-, asciende a 1.446,34 millones de euros. Las mutuas aportaron a esta red para posibles problemas 169,25 millones el año pasado.
«Una tomadura de pelo»
«La prestación por cese de actividad se ha convertido en una tomadura de pelo para los autónomos. Se está denegando a seis de cada diez», denuncia a este diario Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, quien recuerda que el fondo con las reservas del cese de actividad ronda los 1.500 millones de euros.
«Es alarmante -dice Amor- que con estas cifras sigamos teniendo una prestación que obliga a los autónomos a cerrar su negocio, a cesar en su actividad, a darse de baja en Hacienda y en la Seguridad Social y que aún con eso se esté denegado principalmente por causas económicas o por no poder acreditar las pérdidas».
Añade el presidente de la principal organización de autónomos que la situación «es terrible porque aleja a Administración de la realidad que viven muchos autónomos, de situaciones desesperantes de trabajadores que han estado durante años cotizando por esta prestación y cuando van a cobrar se le deniegan». «¿Alguien piensa que un autónomo va a cerrar su negocio, va a cesar su actividad, se va a dar de baja de Hacienda y la Seguridad Social para cobrar 700 u 800 euros al mes?», se pregunta.
«Imaginemos -prosigue- que a seis de cada diez asalariados en situación de desempleo se les deniega el paro». En su opinión, la Administración sigue pensando que el autónomo va a defraudar, y avisa al Gobierno de que ATA no va a negociar «absolutamente nada mientras no se ponga solución a este problema que viven los autónomos en el peor momento, que es cuando tienen que echar la persiana al negocio o cesar su actividad».
Subsidio a los 52 años
El dirigente empresarial recuerda que se mantiene la «discriminación» que sufren los autónomos que tienen más de 52 años y que reúnen las condiciones que se exige a los asalariados para percibir el subsidio una vez agotada la prestación contributiva, pero que no pueden disfrutarla porque no tienen reconocido este derecho.
La prestación por cese de actividad es una conquista del colectivo de trabajadores por cuenta propia desde el año 2010, tras una negociación de la organización que presidente Amor con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque su cotización era entonces su voluntaria. Es una ayuda universal que se configuró con un máximo de un año de duración y en 2018 se amplió a dos años tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las asociaciones de autónomos. Desde 2019 su cotización es obligatoria.
El balance tras estos años, analizados los datos, es que la red de ayuda para el colectivo no funciona y su configuración está muy alejada de la que tienen la ayuda que perciben los asalariados.