Endesa protege el entorno de las líneas eléctricas en la provincia de Córdoba a lo largo de 9.000 kilómetros
Durante estos días la compañía eléctrica ha estado adecuando el espacio forestal por el que discurre el cableado eléctrico
La cifra pone de manifiesto la magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude. En el caso de Córdoba esta problemática se detecta sobre todo en la capital, extendiéndose a otros núcleos urbanos como Bujalance o Montilla.
En los últimos años se han registrados numerosos casos de incendios y electrocuciones vinculados a la manipulación de las instalaciones eléctricas. Solo en el último mes, seis centros de transformación han quedado calcinados en Andalucía, (cuatro en Sevilla el último esta madrugada, uno en Almería y uno en Granada) al no poder resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, especialmente por plantaciones de marihuana.
Según indica la información, la energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Córdoba a 1,5 millones de KWh, suponiendo el 14% de la energía consumida de forma fraudulenta. No obstante, se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.
Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por «organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal» según el Ministerio del Interior, supone además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, apunta Endesa.
«Las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones», indica la compañía. En los últimos tres años los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno «han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas, cuando procedían a desmantelar fraudes, una hostilidad creciente que los técnicos sufren también cuando se desplazan para reparar incidencias ocasionadas por la manipulación de la red».
Las conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana acaparan, junto a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios el 74% de la energía defraudada detectada por la filial de redes de Endesa. En los seis primeros meses de este año, e-distribución detectó en Córdoba 1.548 expedientes de fraude, 33 de los cuales vinculados al cultivo de marihuana que han llegado a consumir el 14% del total de la energía defraudada.
Junto al riesgo para la seguridad de las personas y el impacto en la calidad del suministro eléctrico, el fraude tiene un importante impacto económico para toda la sociedad. Las estimaciones de Endesa indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.